En un desarrollo reciente, las autoridades portuguesas procedieron a realizar registros en las oficinas de Uber en Lisboa. Se informó que los registros también se llevaron a cabo en otros edificios y viviendas. Las acciones se llevan a cabo en relación con una investigación en curso relacionada con la sospecha de fraude fiscal y a la Seguridad Social que asciende a un total de 35,5 millones de euros.

El Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) del Ministerio Público luso fue quien anunció la noticia. Según se informa, se llevaron a cabo aproximadamente 65 registros domiciliarios y no domiciliarios, principalmente en la zona de Lisboa.

La investigación en curso, actualmente bajo secreto de sumario, se refiere a presuntos delitos de fraude fiscal y contra la Seguridad Social. Se informa que estos presuntos delitos han causado pérdidas al estado que ascienden a cerca de 28 millones de euros en impuestos y otros 7,5 millones en cotizaciones sociales.

La «actuación y relación comercial» entre una sociedad comercial y sus principales socios de flota está bajo investigación. La sociedad comercial en cuestión se dedica, entre otras cosas, a la gestión de plataformas digitales relacionadas con la restauración y la venta de servicios de entrega a clientes finales.

El Ministerio Público señaló que hay indicios de que los socios de la flota contabilizaron y se beneficiaron de la emisión de facturas que no corresponden a servicios efectivamente prestados, recurriendo a operaciones simuladas.

A raíz de las acciones de las autoridades, una fuente oficial de Uber confirmó a EFE las diligencias en sus instalaciones. Sin embargo, la fuente aclaró que Uber no es la «entidad afectada» por estas acciones. La empresa aseguró que está colaborando con las autoridades y proporcionando toda la información solicitada.

El operativo que llevó a cabo los registros contó con la participación de cuatro magistradas del Ministerio Público, unos 80 miembros de la Autoridad Tributaria, 39 del Instituto de la Seguridad Social y 55 de la Guarda Nacional Republicana.

Estos acontecimientos marcan un giro significativo en las operaciones de Uber y de las empresas que trabajan con la plataforma en Portugal. Las acciones de las autoridades portuguesas demuestran una toma de posición firme en la lucha contra el fraude fiscal y las irregularidades en la Seguridad Social. A medida que la investigación avance, se espera que se arroje más luz sobre las acusaciones y se aclaren las implicaciones para Uber y las empresas asociadas.