El Ministerio de Sanidad está elaborando un real decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental, una herramienta que proporcionará información homogénea y sistemática sobre la salud mental de la población. Su primer instrumento específico será el Registro Estatal del Suicidio.
Un registro para mejorar la prevención y la atención
La propuesta define la organización y el funcionamiento del nuevo sistema, además del desarrollo del Registro Estatal del Suicidio. Esta herramienta permitirá ampliar el conocimiento sobre la incidencia del suicidio y los factores relacionados, identificar agrupaciones de casos, detectar métodos emergentes y analizar posibles variaciones en las tendencias.
La información recopilada se utilizará para orientar las políticas de prevención, reforzar la respuesta asistencial y mejorar el apoyo a las personas que se encuentren en situación de riesgo.
El Sistema de Vigilancia de Salud Mental formará parte de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Dispondrá de una unidad central coordinada con las unidades autonómicas y de un Comité Técnico de Vigilancia de Salud Mental, responsable de fijar procedimientos comunes que aseguren un funcionamiento homogéneo en todo el país.
Datos más comparables sobre el suicidio
El registro reunirá datos procedentes de diversas fuentes sanitarias, estadísticas y médico-forenses. El objetivo es mejorar el conocimiento del suicidio y de sus factores determinantes, contar con indicadores más homogéneos y comparables, impulsar la investigación y definir con mayor precisión las políticas preventivas y las medidas dirigidas a las personas y familias afectadas.
Evolución de la mortalidad por suicidio
La creación de este instrumento coincide con una evolución favorable de los principales indicadores de mortalidad por suicidio. Los datos provisionales de 2025 contabilizan 3.808 fallecimientos, frente a los 3.953 de 2024, los 4.116 de 2023 y los 4.227 de 2022.
Si se confirman las cifras provisionales, 2025 supondría el tercer año consecutivo de descenso, con una reducción acumulada de 419 fallecimientos desde 2022, equivalente a un 9,9% menos.
En 2024, fallecieron por suicidio 2.902 hombres y 1.051 mujeres. La tasa de mortalidad fue de 8,09 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que los datos provisionales de 2025 la sitúan en 7,71 por cada 100.000 habitantes.
Plan de Acción para la Prevención del Suicidio
El fortalecimiento de la información y la vigilancia se enmarca en el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que establece el marco específico para desplegar las políticas preventivas y avanzar hacia una respuesta que vaya más allá del ámbito exclusivamente sanitario.
Entre sus instrumentos se encuentra el Observatorio para la Prevención del Suicidio, ya constituido y operativo como espacio permanente de coordinación para incorporar la prevención al conjunto de las políticas públicas.
En este órgano participan 16 ministerios y entidades como el INE, el ISCIII, INCIBE, el INSST, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el CCAES, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y representantes del ámbito de los transportes.
Grupos de trabajo y financiación
El Observatorio promoverá grupos de trabajo dedicados a la vigilancia y la información, la prevención comunitaria, la comunicación responsable, la investigación, los determinantes sociales y la coordinación institucional. En ellos también participarán comunidades autónomas, entidades locales, universidades, sociedades científicas, asociaciones y organizaciones del tercer sector.
El propósito es abordar de forma coordinada los factores sociales, educativos, laborales, económicos, comunitarios y sanitarios que influyen en el riesgo de suicidio.
El Plan dispone de una financiación anual de 17,83 millones de euros en 2025 y 2026 para desarrollar actuaciones promovidas por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
En la convocatoria de 2025 se financiaron 122 proyectos, dirigidos a consolidar modelos de prevención más comunitarios, preventivos y centrados en la persona. Para la convocatoria de 2026 se han presentado 110 proyectos.
Las iniciativas incluyen proyectos de hospitalización domiciliaria en salud mental, programas para supervivientes, familiares y allegados, formación de profesionales y agentes comunitarios, intervenciones en centros educativos y penitenciarios, y acciones destinadas a colectivos con mayor vulnerabilidad.
También contemplan medidas para reforzar la continuidad asistencial y la coordinación entre recursos, facilitar la intervención temprana y acompañar a las personas en su entorno habitual.