En un giro inesperado, Pedro Rocha, el candidato único para ser nombrado como el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido imputado en un caso que investiga presuntas irregularidades dentro del organismo durante la gestión de Luis Rubiales y su propio mandato como presidente interino. Esta noticia ha sacudido el mundo del fútbol español en lo que se esperaba que fuera una semana de celebraciones para Rocha.
Tras sus respuestas evasivas y sus intentos de desviar la responsabilidad de los sucesos investigados, la jueza decidió cambiar su situación procesal de testigo a investigado. Según fuentes jurídicas que hablaron con El Periódico de España, esta decisión se tomó después de que Rocha afirmó que desconocía ciertos aspectos que «debía conocer».
Entre los detalles técnicos que Rocha alegó desconocer se encuentran aspectos relacionados con la negociación de contratos que llevaron la Supercopa de España a Arabia Saudí. Además, admitió desconocer por qué Rubiales lo había nombrado como su sucesor, respondiendo simplemente «No lo sé, pregúntenle a él».
Rocha describió su papel en la RFEF como un «hombre de fútbol», «honrado» y «transparente», y afirmó que aceptó el cargo «por echar una mano». Cuando se le preguntó sobre su formación académica, Rocha respondió, «La vida», uno de los muchos comentarios que han dado que hablar en los medios de comunicación.
A pesar de llegar al Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda, Madrid, con «la conciencia muy tranquila», la Fiscalía Anticorrupción pronto se cansó de las respuestas vagas y poco concretas de Rocha. Rocha ocupó un puesto de poder durante toda la etapa de Rubiales en la RFEF, y su falta de concreción en las respuestas fue vista con escepticismo por la Fiscalía.
Por ejemplo, Rocha afirmó que fue un «vicepresidente representativo», «no ejecutivo», lo que implica que no estaba involucrado en las cuentas de la Federación. Sin embargo, la afirmación de Rocha de que su papel era puramente «político» y no ejecutivo no convenció al fiscal, lo que llevó a un mayor escrutinio.
Durante casi tres años de instrucción judicial, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desentrañado grandes cantidades de información sobre las presuntas irregularidades en la RFEF. A pesar de esto, Rocha intentó mostrarse ajeno a todo, alegando desconocer detalles sobre el contrato que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, o sobre las comisiones de Gerard Piqué.
Rocha también afirmó desconocer cualquier detalle sobre un informe de la comisión de Ética de la RFEF, las condiciones de las obras en La Cartuja por parte de Gruconsa, una constructora supuestamente cercana a Rubiales, o por qué Tomás González Cueto, un hombre fuerte del ‘rubialismo’ y asesor jurídico externo de la Federación, había sido contratado.
La investigación ha puesto el foco en la adjudicación de obras a Gruconsa, una empresa en la que era directivo Ángel González Segura, hermano del que era responsable de los Servicios Jurídicos de la RFEF hasta su detención. Supuestamente, la Guardia Civil cree que se adjudicaron reformas por valor de más de 3,8 millones de euros a cambio de un retorno de medio millón a una sociedad administrada por Nene, socio y amigo de la infancia de Rubiales.
Rocha, que fue nombrado vicepresidente económico de la RFEF en 2020, afirmó que decidió frenar todos los contratos con Gruconsa una vez que salieron a la luz estas revelaciones por parte de la UCO. Sin embargo, todavía queda un contrato pendiente de este año que contaba con un informe del director de Personal de Infraestructuras de la RFEF. La situación de Rocha y la investigación en curso son un tema de gran interés y aún quedan muchas preguntas sin respuesta.