La catedrática de Derecho Internacional Público y exmiembro del Comité de Ética de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Araceli Mangas, compareció como testigo ante la jueza del caso Supercopa el pasado 23 de febrero. Durante su comparecencia, desveló que Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, y Andreu Camps, ex secretario general de la federación, impidieron que la Junta Directiva pudiera analizar en 2019 un informe en el que se ponían reparos a la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí.
El informe fue elaborado sin que los miembros del comité conocieran el contrato que Rubiales impulsó entre la propia Federación y la empresa Kosmos Global Holding S.L., propiedad del exfutbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué, para la celebración de la competición fuera de España. Este contrato es el objeto de investigación de la jueza de instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo.
El informe cuestionaba la decisión de celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, un país criticado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. También se planteaban reparos sobre cómo esta decisión afectaría a los aficionados.
El procedimiento para la elaboración de informes cambió en septiembre de 2019, según Mangas. Los informes del Comité debían enviarse a un correo del departamento de Integridad, para que, a través de la Vicepresidencia, llegaran a Rubiales. No obstante, la catedrática alega que el presidente impidió que el informe fuera conocido por la Junta Directiva.
Mangas también declaró que, según el Código ético vigente en el momento en el que se estudió el informe, la existencia del citado contrato «hubiera sido enjuiciable en ese momento y llegaría a una importante sanción, porque está claro que hay un clarísimo conflicto de intereses».
José Luis Pérez Triviño, catedrático de Filosofía del Derecho y conocido experto en Derecho Deportivo, coincidió con el testimonio de Mangas. Según Triviño, el informe sobre el traslado a Arabia Saudí de la Supercopa se hizo después de que el Comité conociera los planes de la dirección a través de la prensa. En su opinión, el contrato debió ser sometido a análisis por el Comité.
Pese a no conocer los detalles del contrato, el Comité de Ética decidió elaborar un borrador «con rapidez» tras enterarse de los planes de la Junta Directiva por la prensa. Este borrador fue aprobado en una reunión telemática y presentado el 9 de noviembre.
Mangas concluyó que, aunque ellos tenían la competencia para iniciar un expediente sobre el contrato, todo lo que hacía el Comité iba directamente a la papelera. La catedrática lamentó que su trabajo era «absolutamente inútil», y anunció que iba a dimitir.