La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, interviene durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 3 de abril de 2024, en Madrid (España).

El Gobierno español ha anunciado un cambio de rumbo en su política energética, optando por suavizar la subida de la tasa de las centrales nucleares. A través del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha paralizado un proceso legal que habría llevado a un aumento del 40% en el recargo que las plantas nucleares deben pagar. En su lugar, el Gobierno ha propuesto un incremento del 30% en dicha tasa.

Esta nueva propuesta de orden ministerial fue anunciada por la vicepresidenta Teresa Ribera durante un desayuno informativo. La revisión contempla una disminución de la drástica subida que se había previsto inicialmente. Este cambio en el impuesto que deben pagar las centrales nucleares se destina a financiar los costos multimillonarios asociados con el desmantelamiento de todos los reactores nucleares, la construcción de siete cementerios nucleares y la gestión de residuos radiactivos a largo plazo.

El aumento propuesto originalmente había provocado la ira de las grandes compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares como Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Estas empresas habían presentado fuertes objeciones y habían emprendido una batalla legal en el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Ejecutivo, así como contra su decisión de poner fin al proyecto de construir un único almacén nuclear en Villar de Cañas, Cuenca.

En enero, el Ministerio para la Transición Ecológica había iniciado el proceso para aprobar un aumento de la prestación patrimonial que las compañías eléctricas deben pagar. Esto habría llevado a un costo de 11.14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39.5% más que los 7.98 euros por MWh que se aplican actualmente. La nueva propuesta reduce la tasa a 10.36 euros por MWh, un 29.8% más que el nivel actual.

El Gobierno justifica esta revisión a la baja argumentando que el monto acumulado en el fondo que recoge las contribuciones de las compañías eléctricas es mayor al estimado anteriormente. El fondo ha pasado de los 7.400 millones de euros previstos en enero a más de 7.700 millones ahora. Además, la inflación real del IPC ha sido inferior a la estimada inicialmente.

Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria en función de la electricidad que producen. Dependiendo del volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (principalmente Endesa e Iberdrola, pero también Naturgy y EDP con participaciones residuales) están pagando alrededor de 450 millones de euros al año al fondo que financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente tiene acumulados unos 7.700 millones de euros.

La propuesta de subida del Gobierno habría llevado los pagos anuales que realizan las centrales nucleares solo por esta tasa a cerca de 585 millones de euros, 135 millones más que los pagos actuales. Sin embargo, esta cifra queda 45 millones por debajo de lo que se estimaba en el escenario anterior, que habría elevado la factura hasta los 630 millones de euros anuales.

Por Dani