En un intento por calmar la creciente agitación de agricultores y ganaderos en España, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha delineado un plan de 18 medidas que buscan abordar las principales quejas del sector. Las medidas, que incluyen la simplificación administrativa, refuerzo de la ley de cadena alimentaria, y el compromiso del gobierno al apoyo público a los seguros agrarios, se anunciaron después de una reunión con las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA.
Las organizaciones agrarias han reconocido el anuncio como un paso significativo, aunque han mantenido las movilizaciones previstas hasta el 26 de febrero mientras esperan la concreción de las actuaciones a nivel técnico. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha expresado su satisfacción por las medidas, aunque ha señalado que aún queda mucho por hacer.
Uno de los puntos destacados del plan es la creación de una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que promete mejorar la capacidad de control e inspección de la actual Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Esta medida busca poner fin a la venta a pérdidas, una de las principales quejas del sector.
Planas también ha anunciado que el cuaderno digital de explotación, que anteriormente se volvía obligatorio a partir de septiembre de este año, ahora será voluntario. Sin embargo, su implementación será incentivada, ya que se considera una herramienta crucial para el futuro del sector.
El ministro también ha destacado la necesidad de coordinación con las comunidades autónomas y instituciones europeas para abordar las quejas del sector agrario. En este sentido, ha mencionado una iniciativa para fomentar la contratación de jóvenes en el campo.
En cuanto a las propuestas a nivel europeo, Planas se prepara para el próximo Consejo europeo de Agricultura con una serie de propuestas que buscan beneficiar al sector. Estas incluyen la «flexibilización» de algunas de las condiciones necesarias para recibir la PAC (Política Agraria Común), así como la simplificación de la carga administrativa a la que están sujetos agricultores y ganaderos.
A largo plazo, el ministro buscará impulsar la «actualización» de la directiva europea relativa a prácticas comerciales desleales. También se ha comprometido a defender en «todos los foros internacionales» el principio de reciprocidad de productos fitosanitarios, conocido como ‘cláusulas espejo’, para evitar que productos que están prohibidos en la Unión Europea puedan ser utilizados en este espacio por terceros Estados.
Planas también ha abordado las quejas por la entrada de productos de otros países como Marruecos, y ha prometido mejorar los controles en la frontera. Además, ha prometido mantener un apoyo de 284,5 millones de euros en 2024 para los seguros agrarios.
En el ámbito de la transición ecológica, el ministro ha asegurado el mantenimiento de los incentivos al gasóleo profesional y la vigencia durante todo este año de las deducciones del 35% de la factura del gasóleo y de un 15% de los plásticos y fertilizantes en el IRPF.
Las organizaciones agrarias han aprovechado la oportunidad para expresar su descontento con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien han solicitado repetidamente reuniones para discutir temas como la sequía, el agua o la relación entre la fauna salvaje y la ganadería extensiva, sin éxito hasta la fecha.