Investigación revela búsquedas polémicas en bases policiales sobre 55 diputados de Podemos
En una revelación impactante, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional ha informado al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional que se realizaron búsquedas en bases policiales sobre, al menos, 55 diputados de Podemos entre los años 2015 y 2016. La investigación busca esclarecer si Podemos fue víctima de presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial por parte de la denominada ‘policía patriótica’ del PP.
Altos Mandos del Gobierno de Rajoy Implicados
La información proviene de la documentación enviada por la UAI, que consta de accesos de información a los ficheros sobre personas como el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la exministra de Igualdad, Irene Montero, el jefe de campaña del partido, Juanma del Olmo, y una de las fundadoras de Podemos, Carolina Bescansa. Entre los nombres buscados, también se encuentra el de Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El requerimiento del juez Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, solicitaba que se identificara al funcionario que realizó cada búsqueda, la fecha de la misma, la persona a la que se refiere la solicitud, el motivo de la solicitud y los datos concretos que se solicitaron y obtuvieron. Según las fuentes jurídicas consultadas, ahora se tiene que examinar quién realizó las búsquedas y por qué para establecer si se pueden atribuir a la ‘policía patriótica’ del PP durante la época de Mariano Rajoy.
Podemos acusa a los altos mandos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy de ser los responsables de este presunto espionaje ilegal. Según las fuentes del partido, este espionaje es una muestra más de la cacería política, policial, judicial y mediática de los populares para intentar acabar con su principal adversario político e impedir un cambio de Gobierno.
Podemos Exige Esclarecimiento de los Hechos
El partido, liderado por Belarra, exige el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades tanto a nivel político como judicial. Mientras tanto, Montero ha arremetido contra el PSOE, afirmando que «lo grave no es la guerra sucia de las derechas, sino que el PSOE la está legitimando». Ella insiste en que este espionaje ilegal es una muestra más de que la corrupción es la forma de Gobierno del bipartidismo y que el PP no puede quedar en la impunidad.
En febrero pasado, el juez acordó admitir la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía. Se investigan posibles delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
Podemos señalaba en su escrito que los querellados, bajo el liderazgo del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y con la colaboración de agentes policiales, se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial sobre las personas que conformaban Podemos. El objetivo principal era filtrar después a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las ‘fuentes policiales’ y desprestigiar así al partido.
En relación a estos hechos, el magistrado solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6 diversa información que obra en el caso Villarejo, como las diligencias relativas al contenido de los mensajes que hubiera en el móvil del exsecretario de Estado Francisco Martínez.