El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ganó 1,767 millones de euros en 2022 por desempeñar su cargo, lo que piensa un 5,46% menos que en 2021, en el momento en que su remuneración alcanzó 1,869 millones de euros, según el informe de remuneración remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta cantidad transporta incluyendo los 88.000 euros de remuneración devengada por el beneficio bárbaro de las acciones o mecanismos financieros afianzados, con lo que, en metálico, Oliu recibió 1,679 millones de euros, un 6,6% menos que en exactamente el mismo periodo de tiempo del año previo.
En la situacion de César González-Bueno, asesor encargado de Banco Sabadell, la remuneración fue de 2,476 millones de euros, introduciendo 181.000 euros del beneficio salvaje de acciones o mecanismos financieros afianzados y la remuneración por sistemas de ahorro. La cifra representa un 30,04% mucho más que en 2021, en el momento en que cobró 1,904 millones de euros.
En metálico, el director ejecutivo de Sabadell tuvo una remuneración de 2,294 millones de euros, un 28% mucho más en frente de los 1,79 millones del mismo periodo de tiempo del año previo.
En conjunto, el Consejo de Administración de Banco Sabadell percibió una remuneración ordinaria total de 7,219 millones de euros en 2022, un número sutilmente mayor a los 7,17 millones de 2021, lo que se representa un incremento del 1,8% en términos equiparables.
Además, la remuneración media de los usados del banco se situó en 63.000 euros en 2022, un 6,78% mucho más en comparación con los 59.000 euros del ejercicio previo.
La entidad, que presentó sus desenlaces el mes pasado de enero, cerró 2022 con un beneficio neto atribuido de 859 millones de euros, un 61,9% mucho más que en el año previo.
En el cuarto período de tres meses, el beneficio ha caído un 4,7% con en comparación con mismo período de tres meses de 2021, hasta 149 millones de euros, «impactado por el gasto de la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (114 millones de euros) y del pago del Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito (35 millones)«, tal como por el encontronazo de la multa por los inconvenientes producidos tras la «migración de la interfaz tecnológica de TSB, anulada relativamente con el registro de indemnizaciones de seguros», según explicó la entidad.