El Ministerio de Vivienda ha desarrollado un índice que se aplica en las denominadas zonas tensionadas, es decir, aquellas donde los precios de compra y alquiler están disparados. Este índice se basa en un rango con un mínimo y un máximo, en función de la zona y las características de la residencia.
Esto contrasta con la metodología que defiende la Generalitat, que actualmente gobierna la única comunidad que pretende aplicar topes al alquiler en 271 municipios. Entre estos 271 municipios se encuentra Barcelona y otros municipios como Vielha, donde los alquileres son un problema para los trabajadores de temporada.
Para ser considerada una zona tensionada, la ley de vivienda establece dos requisitos. El primero es que, en la zona, la carga mediana de la hipoteca o del alquiler, más los suministros, supere el 30% de los ingresos medios de un hogar. El segundo es que el precio del alquiler haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Solo es necesario que se cumpla una de estas dos condiciones.
En aquellas zonas que son declaradas tensionadas, los arrendatarios podrán acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria de carácter anual, durante un periodo máximo de tres años. Esto se mantendrá en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. En los nuevos contratos, también se limitará el precio a la renta del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato.
Para facilitar a los ciudadanos el conocimiento de si su ciudad o pueblo es uno de los 271 en los que se limitarán los precios del alquiler, el Ministerio ha habilitado un buscador.
Entre los municipios que han sido declarados como zonas tensionadas se encuentran: Abrera, Alella, Amposta, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Blanes, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui, Calella, Calldetenes, Cambrils, Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Castelldefels, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Cervera, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, El Masnou, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Falset, Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Guissona, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, La Bisbal d’Empordà, La Canonja, La Garriga, La Llagosta, La Roca del Vallès, La Seu d’Urgell, Les Franqueses del Vallès, Lleida, Llinars del Vallès, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Mataró, Mollerussa, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del Vallès, Móra la Nova, Olesa de Montserrat, Olot, Palafrugell, Palamós, Palau-solità i Plegamans, Pineda de Mar, Polinyà, Premià de Dalt, Premià de Mar, Puigcerdà, Reus, Ripoll, Ripollet, Roses, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Montalt, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Susanna, Sarrià de Ter, Sitges, Solsona, Sort, Tarragona, Tàrrega, Teià, Terrassa, Tiana, Tona, Torelló, Torredembarra, Torrelles de Llobregat, Tortosa, Tremp, Vallirana, Valls, Vendrell, el, Vic, Viladecans, Vilanova del Camí, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.
Este listado incluye tanto los municipios que ya han sido declarados como zonas tensionadas como aquellos que se espera que sean declarados próximamente. La medida busca asegurar la accesibilidad a la vivienda para los ciudadanos de estas zonas, especialmente en aquellos casos en los que los precios del alquiler han experimentado fuertes incrementos en los últimos años.