«Los acusados actuaron de forma caprichosa, arbitraria y sin amparo jurídico»

El Juicio de Meseta Ski llega a su última jornada: Implicados se enfrentan a acusaciones de corrupción y pérdidas de casi once millones de euros

La Audiencia Provincial de Valladolid ha presenciado la última jornada del juicio de Meseta Ski este viernes. Este caso investiga un presunto delito de prevaricación en la tramitación y ejecución de un complejo de ocio y aventura en Villavieja del Cerro, Valladolid, que ha resultado en una pérdida de casi once millones de euros.

Cuatro acusados, incluyendo a Alfonso Centeno, el alcalde de Olmedo, se enfrentan a las acusaciones de la fiscalía y la acusación popular. Se argumenta que los implicados «actuaron de forma caprichosa, arbitraria y carente absolutamente de amparo jurídico».

Las acusaciones formales y la evidencia presentada

La fiscal jefa y los abogados que representan a Valladolid Toma La Palabra y Ecologistas en Acción presentaron durante el trámite de informes que el expediente administrativo que consta en el presente procedimiento es la prueba evidente de la actuación prevaricadora por parte de Centeno, quien ejercía como presidente de la Sociedad de Desarrollo Provincial (Sodeva), y sus compañeros de banquillo, Pedro Pariente y Valentín González, ex vicepresidente y arquitecto de la Sodeva respectivamente, y Luis Torroglosa, jefe de Urbanismo de la Diputación Vallisoletana.

Como resultado de estas acusaciones, todos los acusados podrían enfrentarse a una inhabilitación de entre siete y once años. Además, la acusación pública y la popular demandan que los acusados paguen más de 11,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a Sodeva y/o a la Diputación de Valladolid.

La fiscalía considera que la culpabilidad de los acusados en su actuación prevaricadora está plenamente probada. Este comportamiento ilegal habría tenido lugar durante un periodo que se prolongó desde la firma del contrato para la ejecución de las obras del complejo de ocio el 13 de julio de 2006, hasta la celebración del Consejo de Administración de Sodeva el 31 de marzo de 2008.

Durante este periodo, se aprobó un proyecto refundido que validaba la totalidad de las obras ejecutadas hasta entonces, aunque estas diferían por completo de las inicialmente contratadas.

La motivación detrás del delito

La acusación sostiene que el objetivo de Centeno, entonces vicepresidente de la Diputación y presidente de Sodeva, era beneficiar a la empresa adjudicataria de las obras, Corsan Corviam. Este presunto favoritismo se habría motivado por la «amistad personal» existente entre Centeno y el propietario de la empresa, algo que la fiscalía considera probado por el viaje que Centeno y su esposa realizaron a Japón en 2007 junto al empresario.

De acuerdo con la fiscal, Centeno es el ‘alma mater’ de las presuntas irregularidades cometidas. A pesar de que ningún acusado ha explicado quién decidió modificar el proyecto una vez fue adjudicado a Corsan Corviam, la fiscalía apunta a Centeno como responsable. El proyecto original, que tenía un presupuesto base de 4.060.000 euros, aumentó a más de 9.000.000 de euros tras decidirse modificar la superficie de las pistas de esquí y triplicar la superficie de 3.000 a 9.000 metros.

Además, la fiscalía acusa a los encausados de haber «engañado» al Ayuntamiento de Tordesillas y a la Junta al solicitar las licencias. Las solicitudes se referían siempre al primer proyecto, no a las sucesivas modificaciones que, según la fiscalía y la acusación popular, deberían haber llevado a iniciar una tramitación distinta para aprobar un nuevo presupuesto y sacar nuevamente a licitación el complejo de ocio y aventura.

El juicio concluyó este viernes con la exposición de los informes de las cuatro defensas, que solicitan un fallo absolutorio ante la falta de responsabilidad penal de sus patrocinados, pues sostienen que sus actos siempre estuvieron dentro de la legalidad. Las defensas insistieron en solicitar la prescripción del delito y la aplicación de dilaciones indebidas, un argumento que ya plantearon en la fase de cuestiones previas y que el tribunal deberá resolver en la ejecución de sentencia.