El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es una figura regulatoria que permite a las empresas suspender de manera temporal la relación laboral con sus trabajadores en momentos de dificultad. En la actualidad, la diputada nacional del Partido Popular (PP) por Córdoba y portavoz de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto, ha solicitado al Gobierno de España que se consideren como de fuerza mayor todos los ERTE motivados por la sequía.
Según explicó Prieto en una rueda de prensa, la iniciativa se ha aprobado a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar, en una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso. Con esta propuesta, se solicita al Ministerio de Trabajo que publique o dicte una instrucción o criterio técnico para concretar y definir legalmente el concepto de fuerza mayor que resulta de aplicación en la tramitación de los ERTE debidos a la sequía.
Defensa del trabajador ante la sequía
La portavoz del PP defendió su propuesta argumentando que «el objetivo es que ningún trabajador pierda su trabajo por una causa ajena y externa que no se puede controlar, como es la sequía». Prieto hizo hincapié en las consecuencias que la sequía tiene también en términos laborales, a nivel humano y empresarial, y afirmó que «no podemos permitir que ninguna empresa se vea obligada a echar a la calle a ningún trabajador por esta causa».
Para hacer frente a la situación de sequía, se han tramitado expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor en diferentes comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, se tramitaron numerosos expedientes, existiendo diferencias sustanciales en los informes de la inspección, de modo que en algunas provincias el órgano inspector ha considerado la sequía como causa de fuerza mayor y en otras no.
Prieto expuso que «esto sucede porque no hay un criterio definido y provoca agravios comparativos y perjuicios a los agricultores, generando inseguridad jurídica e indefensión para el sector». Por ello, la portavoz del PP ha pedido al Ministerio de Trabajo que «exista un criterio común y homogéneo en toda España que puedan aplicar las distintas unidades territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Además, Prieto subrayó que «esta medida es aplicable a todos los sectores laborales», dado que «la sequía no sólo afecta al sector agrario y ganadero, también afecta a los sectores industriales y de servicios, como el turismo».
La sequía afecta a diversos sectores de la economía, y su impacto va más allá de la mera falta de agua. Afecta a la producción agrícola y ganadera, a la industria, al turismo, y en última instancia a la economía en su conjunto. El reconocimiento de la sequía como causa de fuerza mayor en la regulación laboral es un paso importante para proteger a los trabajadores y a las empresas frente a un fenómeno cuyas consecuencias son impredecibles y potencialmente devastadoras.
Esta propuesta de Isabel Prieto se suma a otras iniciativas que buscan proteger a los trabajadores y las empresas frente a circunstancias imprevistas, y en particular frente a fenómenos relacionados con el cambio climático, cuyo impacto en la economía y en el mercado laboral puede ser significativo.
De esta manera, la protección de los trabajadores frente a la sequía, mediante el reconocimiento de esta como causa de fuerza mayor en los ERTE, se convierte en una cuestión de justicia social y laboral. Una medida que, según Prieto, contribuirá a proporcionar una mayor seguridad jurídica y protección a los trabajadores y empresas afectados por este fenómeno.