El martes pasado, las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Catalunya anunciaron una huelga en protesta contra el estancamiento de su convenio colectivo. Esta situación ha provocado que sus salarios estén congelados durante más de un año. El sector, que emplea a más de 3.000 personas sólo en la ciudad de Barcelona, lleva meses inmerso en un conflicto laboral. Los sindicatos no descartan futuros paros si no se resuelven sus demandas.
Según datos proporcionados por los sindicatos convocantes, CCOO y CGT, la huelga fue seguida por cerca del 30% de la plantilla total. Hay que tener en cuenta que los servicios mínimos establecidos por el Departament de Treball fueron del 50%. Sin embargo, la patronal ACRA, por su parte, afirmó no disponer de un recuento propio de la incidencia de las protestas.
El conflicto laboral en el SAD de Catalunya ha estado latente durante meses, y el martes se produjo un parón parcial de cuatro horas. Una parte de los sueldos en el sector apenas supera el salario mínimo interprofesional (SMI), y otros se han quedado por debajo desde que en 2022 estos no se han revalorizado. Mientras tanto, los precios de los productos de la cesta de la compra y los alquileres continúan aumentando. Esta situación ha sido utilizada por los sindicatos para presionar a las patronales en la negociación del nuevo convenio.
Las posiciones de ambas partes se encuentran estancadas desde hace meses y las relaciones son tensas. En octubre, los sindicatos organizaron una protesta frente a la sede de ACRA, una de las principales entidades patronales del sector, mientras se celebraba una reunión para renovar el convenio. Como respuesta, los representantes empresariales suspendieron los contactos hasta la próxima semana. Según fuentes de ambos bandos, se espera que este jueves se produzca un nuevo encuentro en terreno neutral para intentar acercar posturas.
Actualmente, una trabajadora familiar tiene un sueldo anual bruto de 1.252 euros al mes (14 pagas) y una auxiliar de limpieza 1.073 euros (14 pagas), mientras que el SMI se sitúa en 1.134 euros (14 pagas). Esto obliga a las empresas del sector a complementar el sueldo de estas últimas para no incurrir en una ilegalidad. Los sindicatos critican que estas remuneraciones son insuficientes para la carga física y mental que requiere la profesión, dedicada a cuidar a las personas más vulnerables y dependientes en sus domicilios.
Los servicios del SAD dependen principalmente de los ayuntamientos o consejos comarcales, aunque son ejecutados por empresas privadas o fundaciones que ganan las licitaciones de los primeros. Entre las empresas destacadas del sector se encuentra la cooperativa Suara, que solo en la capital catalana maneja contratos de al menos 92,6 millones de euros. También en el sector saca beneficio la empresa mercantil Accent Social, S.L.U, propiedad de Florentino Pérez, que en Catalunya, entre ayuntamientos como el de Lleida, Sant Just Desvern o Montgat, gestiona contratos de más de 17 millones de euros.
Los sindicatos reclaman mejoras salariales y en materia de conciliación, ya que la gran mayoría de las trabajadoras son mujeres con hijos o familiares a cargo. Consideran que las grandes empresas del sector tienen margen para absorber estas demandas dentro de sus presupuestos. La lucha de estas trabajadoras continúa, y el futuro de las negociaciones será determinante para su situación laboral y económica.