Las pensiones, en el centro de la campaña

Aunque todavía falta cerca de un mes para el inicio oficial de la campaña de las próximas elecciones generales, la contienda política ya está en marcha. Las pensiones han adquirido un papel central en la disputa por llegar a La Moncloa o conservar el Gobierno.

El asunto afecta directamente a más de 10,2 millones de votantes, más de una cuarta parte de los ciudadanos llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre. Por ello, las fuerzas políticas han situado la protección de los jubilados entre sus principales argumentos electorales.

La subida vinculada al IPC está garantizada

Con independencia del resultado electoral y de quién forme Gobierno tras el 29-N, la revalorización de las pensiones conforme a la inflación está asegurada. La subida llega en un contexto de fuerte aumento de los precios debido a la guerra en Irán.

Además, este año la actualización podría aprobarse antes que nunca. Lo habitual es que se valide en el último Consejo de Ministros del ejercicio, pero la cercanía de las elecciones puede acelerar los tiempos. También se conocerá en noviembre la subida del salario mínimo, algo inédito en democracia, ya que normalmente se decide incluso avanzado el año, aunque después tenga efectos retroactivos.

Una subida estimada en torno al 3,6%

Pedro Sánchez no podrá aprobar la revalorización antes de las elecciones, ya que es necesario contar con el dato de inflación de noviembre. El avance de ese indicador se publicará el viernes 27 de noviembre, dos días antes de los comicios generales.

Sin embargo, se prevé que el Gobierno anuncie ese mismo día la subida de las pensiones para el próximo año, estimada en torno al 3,6%. El Ejecutivo destacará que este incremento responde a la reforma que volvió a vincular la actualización al IPC, después de que el PP hubiera eliminado esa fórmula.

El Gobierno prevé aprobar la revalorización en diciembre

Aunque la actualización está garantizada por ley, es previsible que el Gobierno la apruebe en diciembre, aun encontrándose en funciones y sin esperar al final de mes. La medida supondría una media de 50 euros más al mes, que ascendería a 62 euros para los jubilados procedentes del Régimen General.

Según Funcas, solo esta revalorización implicará un gasto adicional de 8.400 millones de euros en 2027. Sánchez y el vicepresidente Cuerpo afirmaron que se aprobará «en cuanto se pueda» y «cuando tengamos la primera oportunidad».

El Ejecutivo considera que la actualización en diciembre está «perfectamente justificada», pese a que un Gobierno en funciones solo puede legislar por razones de «urgente necesidad». La decisión podría ser aprobada por la Diputación Permanente, que afrontará una intensa recta final de año.

PSOE, PP y Vox respaldan mantener la fórmula

Las pensiones han originado una nueva confrontación verbal entre PSOE y PP, pero también han generado un acuerdo de fondo: ningún partido plantea modificar el actual sistema de revalorización. Incluso Vox, que suele cuestionar la sostenibilidad futura del modelo y plantea avanzar hacia un sistema público-privado, respalda mantener la actualización conforme al IPC.

Desde Bruselas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que las pensiones son «innegociables» y garantizó tanto su actualización con el IPC como la viabilidad del sistema público. Con ello buscó corregir las declaraciones de la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, quien un día antes había advertido de que el sistema español «va a colapsar» y había defendido la necesidad de «ser valiente y cambiar el modelo».

El PSOE aprovechó esas palabras para cargar contra la oposición. También desde Bruselas, Sánchez aseguró que el plan de la derecha y la ultraderecha es «mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre» y, si logran gobernar, recortar las jubilaciones.

La presión sobre las cuentas de la Seguridad Social

El debate político se produce pese a los problemas estructurales del sistema. La Seguridad Social permanece en números rojos desde 2012 y acumula una deuda con el Estado superior a 136.000 millones de euros.

El pasado año destinó más de 240.000 millones de euros al pago de las nóminas de los jubilados. A ello se suma que, durante las dos próximas décadas, se incorporarán al sistema más de seis millones de pensionistas. Organismos como el FMI, la OCDE y la Airef han advertido de que las reformas aprobadas no bastan para responder a esos desafíos.