El aumento del absentismo laboral en España ha llevado a las organizaciones empresariales a reclamar medidas urgentes y a revisar las mejoras económicas vinculadas a la incapacidad temporal. Las bajas laborales han crecido cuatro veces más en España que en los países del entorno y las mutuas prevén que su coste para la Seguridad Social y las empresas supere los 36.000 millones de euros en 2026, un 8,6% más que en 2025.

La patronal califica esta situación como una «pandemia silenciosa» y reprocha la falta de avances en las conversaciones entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales. También permanece bloqueado el diálogo con los sindicatos para abordar esta cuestión en el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva.

El metal recorta y retrasa los complementos salariales

Ante la ausencia diaria de 1,6 millones de trabajadores de sus puestos, distintos sectores están empezando a actuar por su cuenta. El sector del metal está reemplazando en algunos convenios el tradicional complemento que garantizaba el 100% del sueldo desde el primer día de baja por sistemas con más límites y penalizaciones económicas. En este sector, el absentismo ha aumentado un 95% desde 2021.

La medida más habitual en los convenios provinciales consiste en retrasar progresivamente el momento a partir del cual la empresa complementa la prestación de incapacidad temporal.

La Seguridad Social no abona prestación durante los tres primeros días de una baja por enfermedad común. Del cuarto al vigésimo día paga el 60% de la base reguladora, mientras que desde el día 21 el trabajador recibe el 75%. Sin embargo, numerosos convenios y empresas habían acordado mejoras para que los empleados percibieran hasta el 100% de su salario durante la baja.

Estos complementos se pactaron en un contexto previo a la pandemia, cuando el absentismo era prácticamente residual. Actualmente, su coste para las empresas supera los 17.000 millones de euros anuales, una circunstancia que ha generado malestar entre las patronales.

Medidas aplicadas en distintas provincias

En Tenerife, el convenio del metal ha limitado a un máximo de 200 días el complemento hasta el 100% de la prestación por enfermedad común desde el día 21 de baja, frente a los 365 días previstos anteriormente. Aunque las bajas de corta duración son las más frecuentes, las que superan un año han crecido un 95% desde 2018.

En Valladolid, el complemento se aplicará a partir del día 21, con un límite de cuatro meses. En Valencia, el suplemento comenzará a abonarse desde el día 75. Otros convenios han optado por rebajar tanto el porcentaje complementado como el número de procesos que pueden beneficiarse de esta mejora.

En Burgos, la primera baja se cubre durante 20 días al 100%, la segunda se limita a 10 días y la tercera no incorpora complemento. En Alicante, Castellón y Tenerife, el salario percibido durante los tres primeros días se reduce al 50% o al 60% desde la segunda ausencia.

Los convenios del metal de Madrid, Zaragoza y Lérida son los más restrictivos, ya que no incluyen mejoras específicas para la incapacidad temporal por enfermedad común y se atienen a la regulación general de la Seguridad Social. En Barcelona, la empresa únicamente complementa el 50% del salario durante un máximo de cuatro días por año natural. Una vez consumido ese límite, el empleado no recibe más mejoras durante el resto del año.

La patronal pide recuperar el despido por ausencias reiteradas

La reducción de complementos no es la única medida que plantean las organizaciones empresariales. Dentro de la CEOE crecen las peticiones para restablecer el despido objetivo por bajas reiteradas, en un contexto en el que los procesos son cada vez más cortos y se concentran entre los menores de 35 años.

El vicepresidente primero y líder de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, reclamó esta pasada semana recuperar este mecanismo. Su posición se suma a la expresada por la catalana Foment del Treball y por la patronal de la limpieza Aspel, que también han solicitado restaurar una herramienta eliminada por el Gobierno en 2020.

La modificación normativa impulsada bajo el liderazgo de Yolanda Díaz acabó con los despidos por faltas de asistencia continuadas con justificación médica. Esta posibilidad había permanecido vigente durante décadas y se endureció con la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy.

Hasta 2020, una empresa podía despedir a un trabajador por ausencias reiteradas, incluso justificadas, cuando acumulaba nueve días de faltas en dos meses consecutivos y estas representaban el 5% de las jornadas hábiles de los doce meses anteriores.

La reforma del Gobierno de coalición buscaba evitar que personas con discapacidad, enfermedades crónicas o de larga duración, o responsabilidades de cuidado de dependientes, temieran perder su empleo al acumular ausencias. No obstante, las empresas sostienen que la medida las dejó sin instrumentos suficientes frente al absentismo no justificado.

Las bajas médicas concentran la mayor parte del absentismo

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el absentismo laboral alcanzó en el segundo trimestre del año el 7,2% de las horas pactadas. Las ausencias por incapacidad temporal representaron el 5,6%, equivalente al 78% del absentismo total.

El problema se concentra especialmente en las bajas médicas, que provocan que 1,2 millones de personas falten al trabajo cada día. Entre las propuestas defendidas por la CEOE figuran permitir que las mutuas concedan altas médicas en procesos de baja por contingencias comunes y que el Estado asuma el pago de los primeros 15 días de baja laboral.