Este martes, una proposición de ley llamada «Concordia» ha acaparado las preguntas de control al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La iniciativa legislativa, presentada por el Partido Popular (PP) y Vox, amplía la consideración de víctimas a la II República hasta 1978, pero no menciona el término ‘dictadura’, lo que ha causado una tormenta de controversia en las Cortes de Castilla y León.
Mañueco, en respuesta a la primera pregunta realizada por el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, defendió la norma. Tudanca criticó la proposición, argumentando que «impugna el legado del PP y de Juan Vicente Herrera», ya que supone la derogación del Decreto de Memoria Democrática de 2018.
Mañueco insistió que son los grupos parlamentarios los que deben discutir la propuesta, pero también afirmó que el texto le parece «una norma más completa y actual, que sigue las recomendaciones de la UE para mejorar la atención a las víctimas, con más derechos, en un periodo más amplio y respetando el marco constitucional».
Tudanca replicó a Mañueco, acusándolo de abandonar los principios del PP y «entregar las llaves de Castilla y León al franquismo con esta norma». Según Tudanca, Mañueco ha sepultado «todo lo que fue el PP y pone el último clavo en el ataúd de un partido que fue de Estado».
El procurador socialista recordó una iniciativa aprobada hace dos legislaturas en las Cortes de Castilla y León que reconocía a Rafael Abril, un ferroviario represaliado, y en su nombre a todas las víctimas. Tudanca concluyó advirtiendo a Mañueco que no permitirán «una ley de discordia que blanquea la dictadura».
Mañueco respondió que la proposición de ley «iguala a todas las víctimas, no diferencia entre buenas y malas», y acusó a los socialistas de romper el consenso con la Ley de Amnistía y la de Memoria Democrática, las cuales pactaron con «los herederos de ETA«. En sus palabras, los socialistas son «los que blanquean al franquismo y al terrorismo».
El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, pidió a Mañueco que se olvide de «ocurrencias políticas» y se concentre en lo que realmente importa para el desarrollo de León y Castilla. A lo que Mañueco respondió acusándole de «estar al lado de los que están contra los intereses de León«, en referencia a los pactos de la UPL con el PSOE.
El último portavoz en interpelar a Mañueco fue el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien calificó la iniciativa legislativa como «una ley de mierda y una basura» que hace «un ajuste de cuentas con el franquismo«. Fernández acusó a Mañueco de «pensar, actuar y comportarse como un franquista».
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, protagonizaron el último cara a cara de las preguntas de control. Cada uno narró lo que considera una dictadura. Gallardo se reafirmó en la «deriva autocrática del Gobierno», mientras que Igea defendió la posibilidad de manifestarse frente a un partido en España, algo que no sería posible en una dictadura.