El deporte español, especialmente el fútbol, respira aliviado tras la reciente decisión del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid de desestimar la demanda interpuesta por el Real Madrid y el Athletic Bilbao contra el acuerdo entre LaLiga y CVC. Esta alianza, que había generado gran incertidumbre, fue aprobada el 21 de diciembre de 2022 por 39 de los 42 clubes de Primera y Segunda División, y estaba valorada en torno a los 1.900 millones de euros.

Esta contundente sentencia judicial ha disipado las nubes de duda que se cernían sobre los clubes, muchos de los cuales ya habían comprometido o gastado una gran parte de los fondos proporcionados por el acuerdo. Un revés judicial podría haber supuesto una seria amenaza para la economía de la competición, por lo que la decisión es una bocanada de aire fresco.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido fundamental en el proceso. A pesar de las preocupaciones, Tebas transmitió tranquilidad a los clubes, asegurando que el acuerdo era legal y que no había motivo para temer un escenario apocalíptico. La mayoría de los clubes confiaban ciegamente en Tebas, pero necesitaban el respaldo judicial para reforzar su tranquilidad.

La sentencia es una ratificación de que las cosas se hicieron correctamente, según Tebas. «Era legal en el ámbito civil y en el ámbito penal», declaró, añadiendo que no se someterían a «las amenazas y a las coacciones de nadie por muy grande que sea», en clara referencia al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

No obstante, la sentencia no es definitiva y puede ser recurrida tanto ante la Audiencia Provincial de Madrid como ante el Tribunal Supremo. Es probable que tanto el Athletic como el Real Madrid agoten estas vías de apelación, pero la contundencia con la que se presentan los argumentos en la sentencia refuerza la tranquilidad que reporta a los clubes afectados.

En su demanda, el Athletic y el Real Madrid alegaban que el acuerdo LaLiga-CVC contravenía tres textos legales: la Ley del Deporte de 1990, el Real Decreto Ley 5/2015 que regula la comercialización conjunta de los derechos de TV de los clubes y los estatutos de LaLiga.

En su auto, la jueza María Vilma del Castillo refuta estos argumentos de manera contundente. En relación a la supuesta falta de información de LaLiga hacia los clubes, la jueza aclara que se ofrecieron reuniones informativas previas a las cuales tanto el Real Madrid como el Athletic acudieron.

Además, los clubes denunciaban una presunta «expropiación o apropiación indebida de la titularidad de derechos audiovisuales», pero la jueza desestima estos argumentos, ya que la incorporación al acuerdo es voluntaria por parte de los clubes.

Por último, los clubes entendían que la creación de una filial mercantil, conocida como LaLiga Impulso, participada por CVC para la gestión del negocio común, vulneraba tanto la Ley del Deporte como los estatutos de la sociedad. Sin embargo, la jueza destaca que «CVC no ocupa ningún puesto en los órganos de gobierno y administración de LaLiga ni es miembro de la asociación».

La contundencia de la sentencia de 12 páginas no deja lugar a dudas y no da concesión alguna a los argumentos de los demandantes. Aunque siempre existe la posibilidad de que instancias superiores puedan fallar en sentido contrario, la tranquilidad reina por ahora entre los clubes españoles, a excepción de dos.