En medio de una entrevista telefónica, Blanca Hernández, la presidenta de Techô y consejera delegada de la gestora Magallanes, se ve interrumpida para atender una consulta sobre una joven de 20 años que duerme en un parque cercano. Su negocio no es uno ordinario, sino una socimi (sociedad cuyo negocio principal es invertir en bienes inmuebles para su alquiler) con un propósito social. Esta empresa, que planea cotizar en la bolsa a finales de este mes, tiene como objetivo no solo ganar dinero, sino utilizar una buena parte de sus ganancias para solventar un problema social: el sinhogarismo.
Techô nació con un capital de 28 millones de euros aportados por 110 inversores, entre particulares, empresas y entidades. Su misión es combatir el sinhogarismo y la falta de vivienda y ayudar a las entidades sociales a acompañar hacia la inserción a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este colectivo comprende a alrededor de 40.000 personas en toda España, aunque obtener cifras exactas es un desafío.
Tras su inminente entrada a cotizar en el BME Growth, Techô planea realizar una ampliación de capital de unos 8 millones de euros. La firma ya cuenta con unas 220 viviendas y algún edificio que dan techo a alrededor de 800 personas a través de 55 asociaciones. Las rentas que pagan estas asociaciones están en promedio un 30% por debajo del precio de mercado. En algunos casos, las propias administraciones o la Fundación Techô asumen el costo cuando las otras dos fórmulas no son viables. Los destinatarios de este servicio no son solo quienes duermen en la calle, sino también quienes viven en infraviviendas o en asentamientos. En solo un año, Techô ha conseguido que 120 personas consigan trabajo y puedan alquilar sus propias viviendas.
El modelo de negocio de Techô consiste en adquirir viviendas vacías, reformarlas y ponerlas en alquiler para estos fines sociales. En España, existen numerosos inmuebles vacíos que acaban con usos ilegales, como okupas, narcopisos o pisos patera. Las administraciones y los inversores de impacto, en cambio, disponen de fondos para apoyar a entidades sociales con alquileres de vivienda que consigan sacar de la calle a las personas sin hogar, explica Hernández.
Entre las empresas y entidades que avalan este proyecto figuran Azora, Magallanes, EY, Anima Ventures, Freshfields Bruckhaus Deringer; Grupo Adaptalia, Larrauri y Martí Abogados; BDO, Renta 4, Ebro Fundación, Alquiler Seguro, Almar Consulting, CBRE, Trascendent, BME, Nationale Nederlanden, la Sareb o Idealista, entre otros. Hernández afirma que uno de sus objetivos es atraer al máximo de inversores particulares para «democratizar la inversión de impacto». Invita a pequeños ahorradores a esta apuesta que combina rentabilidad económica y social. Los participantes están dispuestos a que una parte de la rentabilidad sea social, en vez de económica, la cual se mueve entre el 2% y el 3%.
Techô impone a las onegés condiciones para garantizar un seguimiento a los beneficiarios de las viviendas, en busca de crear un hogar y estabilidad para salir de la vulnerabilidad. Las actuaciones iniciales se han realizado en Barcelona y Zaragoza, donde los alquileres los pagan directamente la administración; Madrid, Sevilla, Córdoba, Almería, Murcia, y Valladolid. Los propios inversores, por el conocimiento que tienen de sus zonas de actuación, recomiendan inmuebles, áreas, zonas o barrios en los que es más aconsejable actuar.