La posibilidad de suspender TikTok en España ha cobrado fuerza tras la investigación de Maldita.es sobre la distribución, el acceso e incluso el comercio de contenido pedófilo en la plataforma. Sin embargo, ni el Gobierno, ni los ministerios, ni la Fiscalía General del Estado tienen capacidad directa para ordenar el cierre de la red social.

La ministra de Juventud e Infancia expresó que, si dependiera de ella, TikTok habría sido suspendido en España de forma inmediata. No obstante, una decisión de este alcance correspondería a un juez en el ámbito nacional y, para un cierre total de la plataforma, a la Unión Europea.

La denuncia ante la Fiscalía y la petición de retirar contenidos

El Ministerio Público recibió la denuncia el mismo día en que se difundieron los hechos. Los responsables del trabajo, titulado ‘TikTok: hogar del pederasta’, entregaron a los fiscales 1 terabyte, equivalente a 1.024 gigabytes, de información con las evidencias recopiladas, según Clara Jiménez, una de las periodistas firmantes de la investigación.

En paralelo, la ministra Sira Rego solicitó a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos que adoptaran medidas y que, si era necesario, se decretara el cierre de la red social. La Fiscalía, sin embargo, trasladó el viernes la denuncia al juzgado y pidió diligencias para esclarecer los hechos y a sus posibles responsables, además de reclamar con carácter urgente la retirada de los contenidos de abuso denunciados. No solicitó el cese de actividad de TikTok.

La Fiscalía podría haber pedido como medida cautelar una suspensión temporal mientras se investigaba el caso, pero esa decisión también tendría que adoptarla un juez.

El precedente de Telegram y el principio de proporcionalidad

La orden que Santiago Pedraz terminó suspendiendo

El caso de Telegram ilustra la dificultad de bloquear una plataforma digital completa por contenidos ilegales. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió en 2023 una investigación contra la aplicación tras una denuncia de varias entidades audiovisuales por la difusión de películas, series y otros materiales protegidos por la propiedad intelectual.

En marzo de 2024, después de haber iniciado diligencias en julio de 2023, Pedraz comunicó a las operadoras de telecomunicaciones que disponían de tres horas para bloquear el acceso a Telegram. Sin embargo, dos días más tarde suspendió su propia orden mediante un nuevo auto.

La clave del caso fue la proporcionalidad de la medida. Telegram contaba con tres millones de usuarios, entre ellos empresas y organizaciones profesionales que utilizaban el servicio de forma habitual y que podían verse perjudicados sin relación con los delitos investigados. Además, el bloqueo podía sortearse mediante VPN o servidores proxy, por lo que no garantizaba que se frenara la difusión de los contenidos ilícitos.

La Ley de Servicios Digitales y el papel de Bruselas

Marina Echebarría, consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que una medida contundente contra TikTok no es imposible, aunque la califica de «muy difícil». La CNMC es la autoridad designada en España como Coordinador Nacional de Servicios Digitales, y Echebarría representa al organismo en la Junta Europea de Servicios Digitales.

La Comisión Europea analiza actualmente el expediente abierto contra TikTok en 2024 por falta de protección de los menores. La posibilidad de cerrar por completo una plataforma está contemplada como último recurso en el artículo 51.3 de la Ley de Servicios Digitales o DSA, en vigor desde 2024.

Ese mecanismo podría aplicarse si los responsables de una plataforma no colaboran para retirar contenidos ilícitos o actuar contra ellos. No obstante, Echebarría subraya que nunca se ha producido hasta ahora un cierre de este tipo. En este caso, TikTok ha manifestado su total disposición a colaborar.

Sanciones, compromisos y supervisión

La estrategia habitual de la Comisión Europea, descrita como lenta y prudente, pasa por imponer sanciones económicas elevadas, señalar los fallos de los sistemas y obligar a las compañías a corregirlos. Para la consejera de la CNMC, exigir cambios tecnológicos o en los modelos de negocio puede resultar más perjudicial para las plataformas que la propia multa.

Cuando se dictan estas resoluciones, las empresas ofrecen compromisos que se negocian con la Comisión Europea. La Junta Europea de Servicios Digitales los examina, corrige posibles deficiencias, los aprueba y supervisa su cumplimiento. Si las medidas no son suficientes, se reanuda el procedimiento de infracción. Solo en última instancia podría plantearse el cierre recogido en el artículo 51.3, una opción excepcional.

Las advertencias europeas sobre las cuentas infantiles y el algoritmo

Bruselas está próxima a resolver de forma definitiva el expediente contra TikTok. En sus conclusiones preliminares, publicadas en julio de 2026, la Comisión Europea alertó de que las cuentas de niños no cumplían los requisitos de seguridad establecidos por la normativa comunitaria.

La resolución advertía de que los menores pueden configurar sus perfiles como públicos, lo que puede facilitar contactos no deseados con posibles agresores y exponer sus contenidos al ciberacoso. Según el documento, esa visibilidad ofrece a extraños una ventana a la vida de un niño que puede tener consecuencias permanentes.

Además, la Comisión Europea cuestionó hace nueve días el diseño del algoritmo conocido como ‘rabbit hole’ o madriguera. Este sistema conduce progresivamente a los usuarios hacia contenidos cada vez más similares, específicos o intensos, creando un circuito de consumo difícil de abandonar. La espiral puede afectar a la salud mental y llevar de forma sutil a contenidos delictivos, como los abusos sexuales a menores.

Echebarría sostiene que la gravedad de los materiales recopilados y la evidencia de que los mecanismos de control no han funcionado son especialmente preocupantes. A su juicio, aunque TikTok ha retirado en ocasiones contenidos señalados, no ha corregido los fallos que permitieron su distribución, consumo e incluso recomendación. «Ni los mecanismos de denuncia ni de recomendación han funcionado en la plataforma. La revisión automática no detectaba estos contenidos ilegales y la humana no llegaba. Es un fallo muy grave», afirma.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo

Antes del caso de Telegram, el Tribunal Supremo ya había fijado criterios sobre el bloqueo de sitios web por actividades delictivas. El precedente se remonta a 2019 y a la venta de medicamentos abortivos a mujeres españolas a través de una página canadiense.

La Agencia Española del Medicamento consideró que la comercialización no estaba autorizada en España y avisó a la organización responsable. Como la actividad continuó, inició un procedimiento administrativo y en junio de 2020 ordenó cautelarmente a los proveedores de internet bloquear el acceso al sitio. El bloqueo se ejecutó el 23 de septiembre de ese año.

Los titulares de la web recurrieron y el Supremo les dio la razón. La sentencia estableció que la Administración podía bloquear la actividad ilícita concreta —la venta de dos medicamentos—, pero no toda la página. También recordó que debía respetarse el principio de proporcionalidad: si era técnicamente posible bloquear solo la sección ilegal, no estaba justificado cerrar el sitio completo.

Este criterio ayuda a explicar que, por el momento, la Fiscalía haya solicitado únicamente la retirada del contenido de abuso sexual infantil recopilado por Maldita.es. Está por determinar si la investigación se incorporará al expediente europeo ya abierto contra TikTok o dará lugar a uno nuevo. Según Echebarría, las autoridades europeas conocen la investigación española y los materiales aportados, mientras se ha iniciado una investigación paralela con la Interpol.