El miércoles pasado, la Unión Europea (UE) lanzó una nueva investigación contra China, la primera a realizarse bajo el Instrumento de Contratación Internacional. El foco de la investigación será los obstáculos que enfrentan los productos y dispositivos médicos y sanitarios europeos para penetrar en el mercado asiático. Este mercado es uno de los más grandes del mundo, comparable con los de la UE y Estados Unidos.
La Comisión Europea acusa a Pekín de discriminar «injustamente» a las empresas europeas y extranjeras. La Comisión demanda que el Gobierno de Xi Jinping garantice reciprocidad en el acceso y un nivel de apertura similar al que ofrece la UE.
El vicepresidente y responsable de comercio, Valdis Dombrovskis, destacó la importancia de la apertura para la prosperidad de las empresas, los consumidores y la innovación. Según Dombrovskis, la UE está iniciando esta investigación con China para lograr una igualdad de condiciones en los mercados de adquisiciones para los productores de dispositivos médicos.
Las pruebas recogidas por Bruselas indican que el mercado de adquisiciones de dispositivos médicos en China se ha vuelto más cerrado tanto para las empresas europeas y extranjeras como para los productos fabricados en la UE. La Comisión sostiene que China ha dificultado de forma grave y recurrente el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión al mercado de la contratación pública de productos sanitarios de China.
Las prácticas de Pekín han favorecido la adquisición de productos y servicios sanitarios nacionales, lo que ha promovido un cerrojazo al mercado. Esto incluye la promoción de la compra de productos de gama media y alta fabricados en el país por parte de los hospitales, dando prioridad a los productos nacionales bajo compras centralizadas y restringiendo los bienes importados salvo que no estén disponibles en el mercado chino.
Cuando las empresas logran acceder al mercado chino, a menudo se encuentran con condiciones que excluyen “de facto” a los proveedores extranjeros del mercado chino. Estas condiciones incluyen obligar a las empresas a dar acceso a sus tecnologías. La Comisión advierte que estas medidas y prácticas de restricción de las importaciones suponen una desventaja significativa y sistémica para los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión.
Aunque no hay datos concretos sobre el volumen y el impacto de estas prácticas, al Ejecutivo comunitario le preocupa la pérdida de cuota de mercado de las empresas europeas y el impacto que tiene en la pérdida de empleos y actividad económica. Entre los países más afectados están Alemania, Países Bajos, Francia e Italia. Los productos afectados incluyen desde aparatos de ortopedia hasta de rayos X, mobiliario para medicina, cirugía, odontología y veterinaria, esterilizadores médicos, sillas de ruedas y gasas y vendas.
El próximo paso en la investigación será el envío de un cuestionario a las autoridades chinas con el objetivo de abrir un «diálogo constructivo» con Pekín. La Comisión Europea tiene la obligación de terminar la investigación en un plazo de 9 meses, que podría extenderse 5 meses adicionales. El objetivo es lograr una solución negociada para eliminar la discriminación en la contratación pública china. Si Pekín y Bruselas no llegan a un acuerdo, el instrumento prevé la posibilidad de sancionar a las empresas chinas que participan en licitaciones en la UE, asignándoles baremos más bajos o excluyéndolas directamente de los procesos.