La TUR del gas exigirá liquidar la deuda pendiente a quienes cambien al mercado libre antes de tiempo

El límite a la subida de la tarifa regulada incorpora una permanencia implícita

El límite aplicado por el Gobierno a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas desde el 1 de octubre incluye una condición relevante para los consumidores. A diferencia de las medidas adoptadas durante la crisis energética de 2022, la norma aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no contempla fondos públicos ni créditos presupuestarios para subvencionar el recibo.

El nuevo sistema funciona como un aplazamiento de pagos. Los hogares que se beneficien de la contención de precios durante el invierno y abandonen la tarifa regulada para contratar en el mercado libre antes de que se recupere el desfase deberán abonar la parte de deuda acumulada que les corresponda en su última factura.

El Ejecutivo ha limitado de forma temporal la subida para evitar un encarecimiento que habría superado el 45% en el recibo final. Sin embargo, el coste no desaparece: la diferencia entre el precio internacional real del gas y el importe cobrado a los usuarios se acumulará como déficit y se recuperará posteriormente, previsiblemente a través de las facturas de 2027.

La deuda diferida generará intereses

El BOE establece que las cantidades aplazadas devengarán intereses financieros calculados con la tasa de retribución del sector gasista fijada por la CNMC. Estos costes también serán asumidos por los consumidores en sus futuros recibos.

El artículo 1.6 determina que, si un cliente deja la TUR antes de que el déficit haya quedado completamente amortizado, deberá pagar de una sola vez la parte pendiente en la factura de liquidación. De este modo, la deuda permanece vinculada al consumidor aunque decida cambiar de compañía o de modalidad de suministro.

La tarifa regulada no podrá reflejar las bajadas del gas mientras exista déficit

El mercado del gas es cíclico y suele registrar descensos de precios durante los meses de menor consumo. Mientras las comercializadoras del mercado libre podrán reducir sus ofertas en verano si baja el coste de la materia prima, la TUR no podrá trasladar esa reducción mientras mantenga importes pendientes de recuperar.

El artículo 1.4 del BOE prohíbe expresamente rebajar el precio de la materia prima en la tarifa regulada mientras existan cantidades sin amortizar. Por tanto, la TUR podrá conservar precios elevados o registrar subidas trimestrales para saldar el déficit generado durante el invierno. Esta medida impide que los usuarios se acojan a la tarifa regulada en los meses más caros y se cambien al mercado libre en primavera para aprovechar ofertas más económicas sin liquidar antes la deuda acumulada.

La TUR alcanza a casi el 40% de los hogares

La penalización por salida anticipada y el peso actual de la tarifa regulada son, según el sector, los principales motivos por los que no se espera una fuga masiva de clientes como la que llegó a saturar los servicios de atención al cliente hace cuatro años.

La tarifa regulada del gas roza los 3,1 millones de clientes en España, el 39,5% de los hogares. Fuentes de la industria consideran que esta situación supone una anomalía frente a otros países de la Unión Europea, donde las tarifas reguladas se reservan de forma más excepcional para colectivos vulnerables.

El sector también cuestiona que el tope consolide una distorsión competitiva al intervenir por decreto una tarifa que, de acuerdo con informes como el de KPMG y con la propia CNMC, se calcula mediante una fórmula desfasada que no refleja las compras reales del mercado y amplía artificialmente la distancia respecto a las ofertas libres.

Impacto desigual entre las comercializadoras

La intervención sobre la tarifa del gas deja a las comercializadoras del mercado libre ante la alternativa de trasladar el encarecimiento a sus contratos, con el riesgo de que los clientes migren a la TUR, o asumir ese coste reduciendo sus márgenes.

Los grandes grupos tradicionales cuentan con una posición más favorable por disponer de comercializadoras de referencia que pueden retener dentro del grupo a quienes opten por la tarifa regulada. Naturgy, con el 42% de los clientes, lidera el mercado, seguida de Endesa con el 20%, TotalEnergies con el 13% e Iberdrola con el 10%.

En cambio, compañías como Repsol, con un 5% de cuota en hogares y un 11% en volumen industrial, así como las comercializadoras independientes, afrontan una mayor dificultad. Al no disponer de una filial autorizada para ofrecer la TUR, no cuentan con una vía para retener a los clientes que decidan cambiar de modalidad.

España, entre los países con menor carga del gas para los hogares

Pese a la reciente escalada del precio del gas, España mantiene uno de los balances energéticos más favorables para los hogares europeos. Según el último informe de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y del Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER), el gasto en gas supone el 1,1% de la renta mediana de los hogares españoles, frente al 2,7% de media en la Unión Europea.

En electricidad, el esfuerzo es similar al comunitario: representa el 2,2% de la renta mediana en España, frente al 2,1% europeo. Descontando la inflación, entre 2019 y 2025 España registró una de las mayores caídas de la UE en el precio real de la electricidad residencial, con un descenso del 23%, mientras que el precio del gas se redujo un 7%.