En un desarrollo evidente de la política fiscal en el sur de España, el Parlamento de Andalucía ha rechazado la propuesta de ley para la creación de un nuevo impuesto sobre las estancias turísticas en la región. La votación se produjo el pasado miércoles y contó con la oposición del Partido Popular andaluz (PP-A) y la agrupación política Vox.
La propuesta de ley había sido presentada por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. La iniciativa encontró el apoyo de los grupos Socialistas y Por Andalucía, sin embargo, fue rechazada por los bloques parlamentarios del Partido Popular y Vox.
El portavoz del grupo proponente, el político José Ignacio García, defendió la iniciativa en el pleno del Parlamento. Sin embargo, la propuesta de ley no contó con un posicionamiento favorable o contrario por parte del Consejo de Gobierno.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya había expresado en mayo su reticencia a la implementación de dicho impuesto, argumentando que su administración no es partidaria de imponer impuestos. Además, señaló que los principales afectados por dicho impuesto serían los 3,4 millones de andaluces que practican turismo regional.
Negociación en marcha con la patronal y municipios
Actualmente, el Gobierno andaluz está llevando a cabo una negociación tripartita con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El pasado 28 de mayo, acordaron iniciar un Observatorio de Sostenibilidad Turística Local como órgano para evaluar la cuestión del turismo en la región.
La tasa turística propuesta por Adelante Andalucía oscilaba entre un euro al día para los hoteles y hoteles-apartamentos de una estrella hasta los cinco euros para los establecimientos de cinco estrellas y cruceros.
Para los apartamentos turísticos, la tasa propuesta era de tres euros al día, mientras que en hostales, pensiones y albergues, el impuesto sería de 0,75 euros diarios.
Adelante Andalucía estimó que la recaudación de este impuesto generaría unos ingresos de 220 millones de euros para la Junta de Andalucía. Esta cifra fue contrastada por García en el pleno del Parlamento con la previsión de recaudación de la Junta de Andalucía de 140 millones del canon del agua.
La propuesta de ley identificaba como obligados a contribuir con este impuesto a «todas las personas físicas que llevan a cabo una estancia en los establecimientos turísticos». Además, los establecimientos de alojamiento fueron clasificados como «representantes de los contribuyentes» y «sujetos pasivos sustitutos del contribuyente».
Adelante Andalucía proponía exenciones de este impuesto para las personas menores de 16 años y para las estancias que se realicen por causas de fuerza mayor.
Por su parte, el diputado del PP-A, Francisco Javier Oblaré, argumentó que el Gobierno de Juanma Moreno «no ha venido a imponerle impuestos a los andaluces, sino a bajárselos». Oblaré criticó la intención de Adelante de «cobrar un impuesto a los andaluces por viajar en su propia tierra» a través de la llamada tasa turística.
Isabel Aguilera, parlamentaria del PSOE-A, pidió abrir el debate sobre la tasa turística, un tema de gran relevancia que afecta a una industria que «constituye uno de los pilares fundamentales» de la economía andaluza. Aguilera también añadió que el PSOE-A «entiende que hay que afrontar efectos negativos» vinculados al «turismo masivo».
En representación de Vox, Antonio Sevilla se opuso a la creación de cualquier tasa que pueda convertirse en un impuesto oculto.
Finalmente, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, consideró que la normativa impulsada por Adelante necesitaría algunos cambios de calado si se tramita en el Parlamento. Gómez apoyó el enfoque de que el turismo genera «impactos negativos» que el Gobierno del PP-A «se resiste a reconocer».
Para más información sobre la política fiscal en Andalucía, puedes visitar la web oficial de la Junta de Andalucía.