La renovación de los contadores de gas en España no supondrá un coste directo para los consumidores por el cambio del aparato. Sin embargo, podrán producirse nuevos gastos en la factura mensual por el alquiler del equipo o desembolsos puntuales cuando sea necesario adaptar las instalaciones.
La normativa publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fija un plazo de diez años para reemplazar los contadores mecánicos por dispositivos digitales con telemedida en suministros domésticos y comerciales de hasta 50.000 kilovatios hora (kWh) al año.
Un calendario de renovación de diez años
Las distribuidoras tendrán que sustituir el 20% de los equipos durante los tres primeros años, el 50% en un plazo de cinco años y el 80% antes de que transcurran siete años. La renovación de la totalidad de los contadores incluidos en la medida deberá completarse antes de finalizar el décimo año.
El cambio del contador no podrá facturarse como una operación ordinaria de instalación. No obstante, el alquiler mensual continuará siendo un coste recurrente para quienes escojan esta modalidad. Además, los inmuebles que requieran obras de adaptación podrán asumir gastos adicionales.
Aviso previo y posibilidad de comprar el equipo
Antes de efectuar la sustitución, las distribuidoras deberán comunicarla de forma individual a cada usuario con una antelación mínima de tres meses. En esa información deberán indicar el importe mensual del alquiler del nuevo contador y explicar que existe la opción de adquirir un aparato homologado en propiedad.
La compra del equipo permite evitar el pago periódico del alquiler, aunque exige afrontar el desembolso inicial, además de los posibles costes de mantenimiento, reparación o sustitución. Para instalar un contador propio, este tendrá que cumplir los requisitos técnicos establecidos y ser compatible con el sistema de comunicación de la distribuidora.
Las viviendas antiguas pueden afrontar más costes
La gratuidad del reemplazo no incluye las obras necesarias para adaptar la instalación receptora de gas. Si el armario, nicho o batería de contadores no cumple las condiciones técnicas exigidas, el titular del suministro o, cuando proceda, la comunidad de propietarios deberá pagar las modificaciones.
El coste dependerá de las características de cada edificio. En inmuebles antiguos, una intervención de albañilería o una adaptación de la instalación puede convertir una sustitución sin coste directo en un gasto extraordinario para el propietario o la comunidad. Por ello, además del precio del alquiler, será importante comprobar si la instalación permite colocar el nuevo equipo sin trabajos adicionales.
Facturas ajustadas al consumo real
Según recoge el BOE, la principal ventaja de los contadores digitales será registrar y transmitir el consumo a distancia. Este sistema reducirá la dependencia de las lecturas presenciales y de las estimaciones aplicadas cuando no se dispone de una lectura real.
Para los hogares, la telemedida puede facilitar facturas más ajustadas al consumo efectivo de cada periodo y reducir las diferencias entre los importes cobrados y los que corresponden tras una regularización. El cambio no implica necesariamente un menor gasto energético, aunque puede favorecer un mayor control del presupuesto doméstico.
La información disponible también permitirá identificar mejor el peso de la calefacción y del agua caliente en el gasto total, así como comparar ofertas comerciales con una referencia más precisa de la demanda. En cualquier caso, el ahorro dependerá del consumo y de las condiciones contractuales de cada usuario.
Seguimiento de la implantación
El despliegue obliga a las empresas a organizar una renovación progresiva y a justificar las incidencias que impidan cumplir las actuaciones previstas. La normativa establece el envío anual de información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el avance de las sustituciones, la cobertura alcanzada y las visitas técnicas fallidas.
Desde la patronal Sedigas han valorado positivamente la aprobación del calendario. Su presidente, Joan Batalla, sostiene que la medida marcará un antes y un después en la factura doméstica, al permitir a los consumidores disponer de información más precisa sobre su consumo para detectar oportunidades de ahorro y tomar decisiones con mayor conocimiento.

