El sector agrícola español sigue los pasos de sus homólogos europeos y lleva dos semanas de movilizaciones para hacer oír sus reivindicaciones. Los agricultores españoles se quejan de la competencia desleal que ejercen los productos agrícolas de procedencia extracomunitaria debido a una legislación europea exigente y compleja que, en su opinión, favorece más la agenda ambiental que la supervivencia del sector primario. Este malestar surge a pesar de la existencia de la PAC, la Política Agrícola Común, una política europea dedicada a la agricultura.
Los agricultores también protestan por la diferencia de precios entre lo que ellos reciben por sus productos, a veces incluso por debajo de los costes de producción, y los precios cada vez más elevados que paga el consumidor final. Consideran que esta diferencia es excesiva, incluso teniendo en cuenta los costes de transporte, almacenamiento, embalaje y distribución.
Otro motivo de queja es la creciente burocratización a la que se ven sometidos por parte de las administraciones. Este fenómeno les obliga a dedicar una parte muy importante de su tiempo a trámites burocráticos en lugar de a su labor productiva. Sin embargo, los agricultores no son el único sector afectado por el exceso de carga burocrática, que, contrariamente a lo que se esperaría, no contribuye a la mejora de la eficiencia y la productividad, sino que la empeora.
La administración burocrática, a pesar de su mala reputación, fue concebida como un modelo de organización y funcionamiento del Estado basado en la existencia de unos procesos estandarizados y tasados, con un fuerte componente jerárquico. Esta estructura buscaba reducir al máximo la arbitrariedad de los poderes públicos y, por tanto, el nepotismo y el clientelismo.
Este modelo de organización se ideó para aportar seguridad y previsibilidad al administrado y se legitimaba por la racionalidad legal. Sin embargo, la creciente complejidad de los procesos, especialmente a medida que el Estado asumía más competencias, puso en cuestión la eficiencia del modelo, que ha ido suavizando sus rigideces con el tiempo.
Pero los rasgos esenciales del modelo persisten y, como consecuencia del proceso de integración europea, la carga burocrática que deben asumir los administrados ha ido en aumento, dando lugar a un curioso fenómeno de externalización burocrática. Además, la creciente complejidad de muchos de esos procesos, difícilmente asumibles por los interesados, ha generado una floreciente industria de consultoría que ayuda a las pobres víctimas a superar las trabas burocráticas.
De este modo, muchas empresas privadas se han especializado en ayudar a elaborar, tramitar y gestionar peticiones y proyectos, o en ofrecer formación al respecto. Esto ha conducido, paradójicamente, a una privatización de la gestión administrativa, una peculiar forma de neokeynesianismo que incentiva al sector privado con tareas que no solo son propias del público, sino que constituyen su misma esencia.