La Policía polaca desplegó este viernes un amplio dispositivo de seguridad alrededor de la sede del Tribunal Constitucional de Polonia, en Varsovia, después de que su presidente, Bogdan Święczkowski, y el vicepresidente, Bartłomiej Sochański, fueran apartados de sus funciones durante un mes.

El operativo responde a una petición del ministro de Justicia, Waldemar Żurek, que solicitó vigilancia para el edificio judicial. La crisis ha provocado ya enfrentamientos entre manifestantes y agentes, mientras la oposición nacionalista denuncia un «golpe de Estado» y el Gobierno de Donald Tusk sostiene que actúa para restablecer el Estado de derecho.

Una orden suspende a Święczkowski y Sochański

Horas antes del despliegue policial, la jueza Anna Korwin-Piotrowska, una de las magistradas elegidas por el actual Sejm, la Cámara baja, en marzo de 2026, firmó una orden que interrumpe durante un mes las funciones de Święczkowski y Sochański. Según informaron Rzeczpospolita y Wprost, Korwin-Piotrowska asumió personalmente la dirección del tribunal.

Tras emitirse la resolución, los perfiles del presidente y del vicepresidente desaparecieron de la página web de la institución. El entorno de Święczkowski asegura que este continúa siendo el presidente del Constitucional y denuncia que el sitio web fue tomado ilegalmente. También advierte de que cualquier actuación contra la corte constituye un delito de golpe de Estado.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, que viajaba a Senegal para una visita de Estado, dio media vuelta para regresar cuanto antes a Varsovia. «En un momento así, el presidente debe estar en Polonia», justificó.

Manifestantes y detenidos ante el tribunal

La Policía recibió dos documentos: uno remitido por el fiscal general y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, y otro por Korwin-Piotrowska, en el que alertaba sobre posibles riesgos para jueces y trabajadores.

Los agentes afirmaron que no entraron en el edificio y que su actuación se limitó a proteger el perímetro exterior. Sin embargo, al acordonarse la sede comenzaron a concentrarse manifestantes, algunos de los cuales protagonizaron episodios violentos. Tres personas fueron detenidas y varios policías resultaron golpeados por objetos arrojados por los asistentes.

«Es un atentado»

El líder del partido Ley y Justicia (PiS), Jarosław Kaczyński, acudió personalmente a la sede del tribunal y calificó los hechos como un «atentado contra el Tribunal Constitucional». Acusó a los servicios bajo control de Tusk de entrar por la fuerza y reclamó la intervención del presidente Nawrocki.

Después, ante los concentrados, Kaczyński denunció que «Polonia se convierte en un Estado policial». Por su parte, Tusk respondió en X que la restauración del Estado de derecho después de los años de gobierno del PiS es un proceso complejo y, en ocasiones, doloroso, que exige decisiones firmes. «No hay otro camino», afirmó en alusión a los magistrados designados por el PiS en legislaturas anteriores.

El origen del conflicto judicial

En 2015, el PiS de Kaczyński nombró magistrados para el Constitucional en un procedimiento que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró irregular en 2021. La interferencia del Ejecutivo en la Justicia llevó a Bruselas a congelar fondos europeos.

Desde el regreso de Donald Tusk al poder, en diciembre de 2023, su Ejecutivo no reconoce la legitimidad de una parte relevante del tribunal y no publica algunas de sus sentencias.

Bloqueo institucional en 2026

La parálisis institucional se intensificó en 2026. El Sejm ha elegido ya a ocho magistrados, aunque Nawrocki solo ha aceptado el juramento de tres. Uno de ellos, Maciej Berek, juró el cargo en el Parlamento después de que el presidente se negara a recibirlo en palacio.

Święczkowski se ha negado a permitir que los jueces escogidos por la mayoría actual asuman sus responsabilidades, por lo que el tribunal apenas permanece operativo.

En enero de 2025, Święczkowski presentó ante la Fiscalía una denuncia de unas 60 páginas contra Tusk y altos cargos, a quienes acusó de un golpe de Estado «sistémico». Según su argumentación, no se trataría de una acción con tanques en la calle, sino de la «neutralización del Constitucional, el Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura».

La coalición de Tusk, en cambio, considera que el Constitucional fue capturado por el PiS y que bloquea la incorporación de jueces elegidos legalmente. Con una mayoría muy estrecha y las elecciones de 2027 en el horizonte, Tusk parece haber optado por intensificar el choque con Kaczyński y Nawrocki por el control del tribunal.