La Junta de Andalucía ha iniciado los procedimientos legales para impugnar el acuerdo de subida salarial firmado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para los funcionarios judiciales. El acuerdo, firmado el 11 de abril, ha sido objeto de controversia y oposición por parte de la Junta de Andalucía, que sostiene que el acuerdo «excluye» al personal andaluz debido a que las competencias están delegadas a la comunidad autónoma. La Junta ha remitido un requerimiento al Ministerio y, si se niega a anular el acuerdo salarial, se planteará un recurso contencioso-administrativo.
El acuerdo de abril de 2024 fue firmado por el Gobierno de España con los sindicatos UGT y Csif para aplicar una subida salarial al personal de los órganos judiciales. Sin embargo, la Junta de Andalucía interpreta que el acuerdo sólo afecta a las comunidades autónomas donde las competencias no han sido transferidas, como es el caso de Andalucía.
Un Asunto de Competencia y Equidad
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía anunció su decisión durante la Conferencia Sectorial celebrada el 21 de junio en Zaragoza. También informó al Pleno del Parlamento de Andalucía y a las organizaciones sindicales. El acuerdo entre el Ministerio, CSIF y UGT afecta a 10.328 funcionarios de Justicia de los 39.500 que hay en España. De estos, 8.212 trabajan en juzgados de Andalucía, la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, por tanto, con más profesionales. Por ello, Andalucía se ve «especialmente perjudicada» por este acuerdo.
El Gobierno andaluz sostiene que el incremento salarial debería recaer en el complemento general del puesto, que es común a todos los funcionarios, y no en el complemento específico, que cada comunidad autónoma negocia para su personal. Este argumento se basa en los cambios que se espera que traigan las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia que se están tramitando en el Congreso de los Diputados. Estas leyes afectarán a los trabajadores de todo el país, por lo que el Gobierno andaluz sostiene que todos deben beneficiarse del incremento salarial.
La Junta de Andalucía argumenta que el Ministerio «no se ajusta a derecho y perjudica» los intereses de las comunidades con las competencias transferidas. Según la Junta, el Ministerio ha acordado la subida en el complemento específico, es decir, sólo para sus funcionarios, aunque los cambios afecten a todos por igual, independientemente de en qué comunidad trabajen.
El Gobierno andaluz considera que el acuerdo es «nulo» porque «infringe» el artículo 516 de la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial. Según la Junta, el procedimiento adecuado para negociar y acordar el incremento salarial no se ha seguido correctamente.
El acuerdo salarial se produce tras las subidas retributivas de entre 430 y 450 euros mensuales aprobadas para los letrados de la Administración de Justicia y a los jueces y fiscales el año pasado. Los sindicatos reclamaron una subida también para los funcionarios de Justicia en el complemento general del puesto, debido a la transformación de la Administración de Justicia prevista en las leyes de eficiencia.