La huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, ha dividido al sindicalismo español. CC OO y UGT promueven un paro centrado en la vivienda, aunque incorporan también demandas laborales para garantizar su legalidad. Frente a esta iniciativa, organizaciones como CSIF, USO, Fetico, Valorian y el sindicato de transportes SLT han decidido no sumarse.

Estas centrales cuestionan tanto el momento como la forma en la que se ha planteado la movilización. La protesta surgió tras el desahucio de la madrileña Maricarmen Abascal y fue anunciada pocas horas después de conocerse el adelanto electoral. Los sindicatos críticos sostienen que la convocatoria presenta un marcado componente político al celebrarse dos días antes del comienzo de la campaña para las elecciones generales del 29-N.

Además, reprochan a los sindicatos mayoritarios haber actuado con «prisas» y «ocultismo», al no haber contactado con ellos antes de hacer pública la convocatoria. También anticipan una participación reducida.

El posible impacto económico del paro

La huelga cuenta asimismo con el respaldo del sindicato de inquilinas, CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, Co.bas, Solidaridad Obrera e Intersindical. No obstante, si el seguimiento es bajo, su impacto económico sería limitado.

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, calcula que el coste no alcanzaría una décima del Producto Interior Bruto (PIB), unos 1.680 millones de euros, al considerar que este tipo de movilizaciones tienen una repercusión cada vez menor.

En un escenario de mayor adhesión, el perjuicio económico podría duplicarse y superar ligeramente los 3.300 millones de euros, equivalentes a dos décimas del PIB. Las previsiones sitúan la horquilla entre 2.028 millones de euros, con un seguimiento del 30%, y 4.732 millones, si la secundara el 70% de los trabajadores.

Las críticas de los sindicatos que rechazan la convocatoria

CSIF denuncia la apropiación política de la huelga

El presidente de CSIF, Miguel Borra, considera que el paro tiene «connotaciones distintas a las laborales», al coincidir con un Parlamento disuelto y un Gobierno próximo a quedar en funciones. A su juicio, «hay partidos políticos que se están adueñando de la huelga».

Borra afirma que su organización lleva años defendiendo aumentos salariales y movilizándose cuando lo considera necesario. Comparte la preocupación por la vivienda, un problema que, según explica, provoca que numerosos funcionarios renuncien a tomar posesión de plazas o a promocionar en ciudades caras como Madrid o Barcelona. Sin embargo, rechaza que este asunto sea utilizado como «arma arrojadiza» y defiende un pacto de Estado entre las administraciones y los grupos políticos.

Fetico ve una protesta «más de pose que de poso»

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, sostiene que la convocatoria no atiende al interés general de los afiliados de UGT y CC OO. En su opinión, responde más a la intención de «mantener un Gobierno de Yolanda Díaz» o a favorecer una orientación política determinada.

Desde Fetico creen que será una huelga «más de pose que de poso». Pérez afirma que algunas de las reivindicaciones son poco claras y que otras, como las salariales, están en manos de los propios sindicatos. Señala que no tiene convenios bloqueados y que eleva los sueldos de forma permanente. Por ello, reclama que las organizaciones sindicales negocien mejoras retributivas en los convenios y que el Gobierno se ocupe de facilitar el acceso a la vivienda.

USO cuestiona los objetivos posteriores al paro

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, también interpreta que la protesta, convocada antes de las elecciones generales, pretende «influir» en la campaña. Aunque reconoce que existen motivos suficientes para movilizarse, cuestiona que CC OO y UGT protesten ahora por la baja calidad del empleo cuando USO lleva tiempo denunciando la caída en la duración de los contratos pese a la reforma laboral.

Pérez recuerda que la huelga es el instrumento «más serio» de un sindicato y que debería estar vinculada a una reclamación concreta, como ocurrió hace catorce años con la huelga general contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. A su entender, en esta ocasión nadie sabe con quién sentarse ni para qué al día siguiente, porque incluso las organizaciones convocantes plantean soluciones diferentes para los mismos problemas.

SLT reprocha el fuerte carácter partidista

El secretario de organización de SLT, José María Cazallas, explica que su sindicato rechaza participar por los fuertes tintes políticos de la movilización. Asegura que sus afiliados respaldan esta postura porque se trata de una organización independiente que no quiere ser utilizada por ningún partido político.

Aun así, Cazallas coincide con parte de las demandas de los sindicatos convocantes, entre ellas la necesidad de elevar los salarios y controlar los precios en un contexto de inflación nuevamente al alza debido a la guerra en Oriente Medio. También reclama medidas sobre la elevada carga fiscal de los trabajadores, ya que, según indica, los incrementos salariales pactados en convenios se reducen a la mitad tras aplicar los impuestos establecidos por el Estado.

Valorian considera la movilización ideológica y oportunista

El director de Turismo de Valorian, José Luis Estévez, atribuye un origen «ideológico» y «oportunista» al paro de 24 horas. Por esta razón, rechaza adherirse a una movilización que, a su juicio, puede dividir a las plantillas entre quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda y quienes padecen impagos de alquileres u ocupación.

Valorian defiende que los bajos salarios deben abordarse mediante una mayor productividad de las empresas. En materia de vivienda, apuesta por ampliar la oferta y reducir la burocracia, al considerar que esta encarece la construcción y, por tanto, el precio final de los inmuebles.