La Guardia Civil ha iniciado la investigación sobre la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) tomando declaración al operador de Adif que autorizó la marcha del AVE que posteriormente colisionó con un tren de Iryo detenido.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de «inexplicable» la decisión de permitir la salida del convoy de Renfe cuando, según su versión, la vía no estaba libre y la actuación contravenía la normativa ferroviaria.
Declaración del operador y refuerzo de la investigación
Los agentes de la Policía Judicial de Madrid han interrogado al trabajador del Centro de Regulación y Control (CRC) de Madrid-Puerta de Atocha, dependiente de Adif. Desde este centro se gestionaba la circulación ferroviaria después de que dejara de funcionar el sistema automático de seguridad.
Su declaración es una de las primeras diligencias dirigidas a esclarecer cómo se autorizó el avance del tren. Según fuentes gubernamentales, el operador contó con asistencia psicológica y jurídica. No se ha detallado bajo qué condición procesal declaró ni cuál fue la explicación que ofreció sobre las órdenes transmitidas aquella mañana.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplazado para apoyar a los investigadores de Toledo, en un despliegue similar al realizado tras el accidente de Adamuz (Córdoba) en enero. También se ha activado el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, especializado en escenarios con numerosas víctimas.
Las comunicaciones entre Atocha y los maquinistas
Una de las prioridades de la investigación es reconstruir los contactos entre Atocha y los maquinistas. Los agentes tratarán de determinar quién emitió cada instrucción, en qué momento y con qué términos, en especial la orden que permitió al AVE reanudar su trayecto.
Fuentes gubernamentales señalan que estas comunicaciones quedan registradas tanto en audio como por escrito. Las grabaciones y anotaciones servirán para contrastar la declaración del trabajador con las instrucciones emitidas y para comprobar si se produjeron advertencias mientras el AVE se aproximaba al tren de Iryo.
Los investigadores también deberán precisar qué información tenía el controlador sobre la ubicación de ambos trenes. Para ello analizarán las pantallas del centro de mando y los datos de ocupación de la vía, con el objetivo de aclarar por qué se autorizó la circulación del AVE cuando el convoy precedente continuaba inmovilizado.
La cronología del accidente y el fallo del LZB
Óscar Puente sostiene que el empleado autorizó la circulación habitual del tren pese a que existía una señal roja. El ministro indicó que, como mínimo, debió ordenarse la marcha a la vista, que establece una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.
Según la cronología expuesta por el ministro, el sistema LZB dejó de funcionar alrededor de las 8.30 horas tras la caída de tres ordenadores. Como consecuencia, al menos seis trenes quedaron detenidos automáticamente en un tramo de 63 kilómetros. Atocha asumió entonces el control y, a las 8.36 horas, autorizó al AVE a continuar.
El tren recorrió aproximadamente 26 kilómetros antes de alcanzar al Iryo, en torno a las 8.53 horas. La Guardia Civil cotejará esta secuencia con los registros de la infraestructura y con los datos de los trenes para determinar la velocidad del AVE y los movimientos reales de ambos convoyes.
También está pendiente aclarar por qué el tren de Iryo seguía detenido y qué comunicaciones mantuvo su maquinista con el puesto de mando. Estas circunstancias se incluirán en la reconstrucción de los hechos que realiza la Policía Judicial.
El LZB es un sistema alemán de protección ferroviaria que supervisa de forma continua la velocidad de los trenes y transmite indicaciones a la cabina del maquinista. Cuando no está operativo, la circulación debe regirse por procedimientos específicos de seguridad, cuyo cumplimiento será objeto de examen tras el accidente.
Identificación de las víctimas y refuerzo judicial
La Guardia Civil participa asimismo en la identificación de las víctimas. Se han habilitado puntos para la recogida de muestras de ADN de familiares en Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, mientras los especialistas forenses trabajan para identificar a los fallecidos.
La investigación judicial está a cargo de Aristea Afroditi Ortiz, titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Orgaz, que estaba de guardia cuando ocurrió el accidente. Contará con el apoyo de Mónica Iniesta, magistrada de la plaza número 1, en las diligencias y en la coordinación judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha incorporado a otros tres magistrados: uno de Alcázar de San Juan, como coordinador experto en emergencias, y dos de Toledo especializadas en catástrofes. Además, ha reforzado el dispositivo con cinco letrados de la Administración de Justicia y más funcionarios.
Ya se han constituido cinco equipos integrados por un magistrado, un letrado y un médico forense. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid colaborará en la obtención de perfiles genéticos.

