El sector público está considerando reducir la jornada laboral de sus empleados a 35 horas semanales, lo que sería una reducción significativa en comparación con la actual jornada laboral máxima de 37,5 horas. Aunque algunas administraciones como los ayuntamientos de Terrassa y Girona y las autonomías de Euskadi y Andalucía ya han implementado esta reducción, los sindicatos están presionando para generalizar estas 35 horas en la Generalitat.
El Govern tiene planes para superar los 290.000 empleados en nómina para 2024 según el proyecto de presupuestos. Se ha calculado que la reducción de la jornada laboral costaría al Govern 531 millones de euros anuales, cifra confirmada desde la conselleria de Presidència.
En octubre de 2022, el Gobierno llegó a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para reformar las condiciones laborales de los empleados públicos. Uno de los puntos clave de este acuerdo era la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Actualmente, las instituciones públicas tienen la competencia para implementar esta reducción, aunque la decisión depende de su voluntad y normalmente los empleados públicos trabajan 37,5 horas.
En el mapa autonómico, algunas comunidades como Euskadi, Andalucía o València ya han implementado la reducción de la jornada laboral mientras que otras como Murcia, Aragón o Baleares todavía mantienen las 37,5 horas. Catalunya, por otro lado, está más cerca de la situación en Madrid.
El ministro José Luis Escrivá se comprometió a que durante 2024, los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) reducirán su jornada laboral a 35 horas semanales. Este acuerdo afectará a muchos municipios pequeños que siguen lo pactado a nivel estatal.
El Ayuntamiento de Barcelona confirmó que sus empleados municipales trabajan actualmente 37,5 horas semanales, con la excepción de los bomberos o los agentes de la Guardia Urbana que trabajan 40 horas debido a legislaciones particulares.
La Generalitat de Catalunya está dilatando abordar el tema de la reducción de la jornada laboral debido a los costes económicos significativos que implica. El costo de la operación, que es de 530 millones de euros anuales, equivale al presupuesto asignado este año al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
La reducción de la jornada laboral también conlleva riesgos políticos, ya que cualquier percepción de que la calidad del servicio está disminuyendo podría ser perjudicial para el partido gobernante. Además, estos recursos tendrán que ser reasignados de otras políticas públicas.
Otro motivo para la dilación es la necesidad de la Generalitat de reducir la temporalidad en la administración pública. La Dirección de Funció Pública está centrada en finalizar los procesos de estabilización para reducir el número de interinos.
La Generalitat estima que necesitaría unos 530 millones de euros anuales para reforzar las plantillas y poder asumir la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, desde Presidència se matiza que este es el costo actual y que la cifra irá al alza a medida que se incrementen los sueldos de las plantillas públicas y se amplíen.
A pesar de la presión de los sindicatos y las negociaciones en curso, la Generalitat aún no ha incorporado ninguna partida específica en sus nuevos presupuestos para la reducción de la jornada laboral.