El 1 de diciembre, la Audiencia Nacional, por medio de una orden firmada por el secretario judicial Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños, mandó a efectuar los pagos de las compensaciones por la bancarrota de Pescanova SA, conocida como la vieja Pescanova. El total de reembolsos alcanza casi los 240 millones de euros. La orden fue dirigida a Manuel Fernández de Sousa, ex presidente de la compañía, y a la propia empresa, que actualmente no tiene actividad y posee el 0,34% de las acciones de Nueva Pescanova. Sin embargo, Sousa, quien está en la prisión de Soto del Real, apeló para que la multinacional se haga cargo de su parte en los pagos. El fiscal Juan Pavía, que sometió a Sousa a un riguroso interrogatorio durante el juicio, apoyó su petición.
El fiscal solicitó que se tomen las medidas necesarias para que Nueva Pescanova cumpla con su obligación de pago de la mencionada suma, según el documento al que tuvo acceso Faro de Vigo, de Prensa Ibérica. Pero hay más: Pavía opina que la cifra de 240 millones no debería ser sujeta a reducción. Tanto la vieja Pescanova como Nueva Pescanova, propiedad casi exclusiva de Abanca, argumentan que se trata de créditos en concurso y que, por tanto, deben ser rebajados en el mismo porcentaje de quita aplicado en el concurso de acreedores de la SA, de un 97,5%.
Según la Fiscalía, los créditos por responsabilidad civil ex delicto no deberían verse afectados por los términos del acuerdo. Se trata de una responsabilidad civil extracontractual y, por tanto, de un crédito con privilegio general. Como tal, está exento de quitas y esperas del acuerdo de acreedores, excepto en los casos de adhesión voluntaria o forzada. De todos modos, la Fiscalía señala que la decisión final recae en el juzgado que supervisó la quiebra, que es el de Pontevedra. El pago conjunto de 240 millones supondría una seria amenaza de continuidad para Nueva Pescanova, que actualmente está preparando su tercer plan estratégico.