La histórica y emblemática comisaría de la Policía Nacional ubicada en la Vía Layetana de Barcelona, ha sido designada como un ‘espacio de memoria‘. Así lo han anunciado el Gobierno y el Ayuntamiento de la capital catalana, indicando que esta designación, permitida por la Ley de Memoria Democrática, no implica un cambio de uso del edificio. El edificio seguirá siendo la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cataluña.

En los últimos años, especialmente durante el ‘procés‘ y los graves disturbios en la Vía Layetana tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a sus líderes, la Jefatura de Policía se ha convertido en un objetivo a eliminar, especialmente para los partidos independentistas y los comunes. Estos grupos han solicitado en numerosas ocasiones el cierre y traslado de la comisaría.

La decisión de convertir el edificio en un ‘espacio de memoria’ fue anunciada tras una reunión en Barcelona entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el alcalde Jaume Collboni. Sin embargo, no se ha especificado qué implicará exactamente esta designación. Torres ha indicado que el futuro del edificio será decidido entre todas las administraciones en un ambiente de consenso y diálogo.

El Ministerio del Interior, dueño del edificio, ha reiterado que la Policía seguirá utilizando las instalaciones que actualmente solo albergan despachos de mandos, ya que la operativa se encuentra en la sede del CNP en La Verneda (Barcelona). El titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marslaska, ha enfatizado este punto en varias ocasiones.

Durante la reunión, el alcalde también instó al ministro Torres a avanzar en los procesos de anulación de los consejos de guerra contra figuras republicanas y del antifranquismo que aún están vigentes, como los de Lluís Companys y el militante anarquista Salvador Puig Antich. Desde el Ayuntamiento, se considera que esto es una cuestión de reparación y justicia histórica. «La anulación de los procesos judiciales que resultaron en condenas injustas es un elemento primordial de justicia y reparación para todos los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura y sus familiares», se apunta.

En una nota, el Ayuntamiento señala que tanto el ministro como el alcalde valoran que «las acciones de recuperación de la memoria de las personas represaliadas son necesarias porque, ante la ofensiva de la ultraderecha para intentar blanquear la dictadura y falsear la historia, los gobiernos progresistas tienen el deber de conseguir la máxima reparación a las víctimas de la dictadura».