La CEOE insta al Gobierno a aplazar la implementación de la reducción de la jornada laboral

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha instado al Gobierno a aplazar la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales más allá del 1 de enero de 2025, la fecha actualmente contemplada por el Ministerio de Trabajo. La propuesta de la CEOE es una implementación gradual, que prolongaría la plena vigencia hasta alrededor de 2028, coincidiendo con la expiración del último convenio colectivo vigente en la actualidad.

El departamento liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inicialmente se opuso a esta petición, pero en un giro inesperado, ha ofrecido flexibilizar los actuales márgenes para que las empresas puedan distribuir los horarios de manera irregular. Esto permitiría a los empleados trabajar más horas durante los picos de trabajo y luego trabajar menos cuando la actividad disminuya. Este movimiento ha conseguido desbloquear las negociaciones en el seno del diálogo social, que habían estado estancadas durante las últimas semanas.

Negociaciones en marcha

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha insistido en que el Gobierno busca alcanzar un acuerdo que también incluya a la patronal. En un intento de atraer a los empresarios, el Ministerio de Trabajo ha acordado flexibilizar sus primeras propuestas. Esta estrategia parece estar dando sus frutos, a juzgar por las declaraciones del ‘número 2’ de Yolanda Díaz tras la reunión de este lunes.

La propuesta del Ministerio de Trabajo consiste en ampliar los márgenes de la distribución irregular de la jornada laboral. Actualmente, la normativa permite que la empresa pueda disponer de un 10% de la jornada anual de un trabajador de manera más discrecional, es decir, hacer que el empleado aumente su jornada durante un lapso de tiempo, a cambio de recuperar luego el descanso. La propuesta del Ministerio plantea mantener este número total de horas de distribución irregular, incluso si la jornada anual va a disminuir.

Actualmente, la jornada semanal es de 40 horas, lo que en cómputo anual son 1.826 horas. Esto significa que las empresas pueden disponer de manera irregular de hasta 182,6 horas al año. Lo que propone el Ministerio de Trabajo es mantener ese número total, aunque la jornada anual vaya a disminuir a 1.706 horas si la referencia semanal baja a 37,5 horas.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz no está dispuesto a retrasar la entrada en vigor de la norma tanto como reclaman los empresarios. Estos piden no disminuir la jornada hasta que no vayan caducando los distintos convenios colectivos de aplicación. Y una vez estos vencan, situar en el nuevo esa referencia de 37,5 horas semanales. Es decir, si la norma se aprobara mañana y teniendo en cuenta que los convenios suelen durar tres años, el último convenio en recoger la reducción de jornada podría demorarse hasta una fecha cercana a 2028.

Por su parte, la promesa electoral del Gobierno especifica que el 1 de enero del 2025 la jornada laboral en España será de 37,5 horas semanales. Para cumplir con este hito, el Ministerio de Trabajo debería remitir en los próximos días una norma al Congreso de los Diputados. Si se demora, el cumplimiento del compromiso será, de facto, imposible. La fecha de entrada en vigor es una pieza clave en la negociación y los actores implicados están dispuestos a disputarla. Desde la CEOE argumentan: «Cambiar la jornada de un convenio en vigor aumentaría la inseguridad jurídica, es romper con lo pactado», según fuentes empresariales consultadas.

Desde el sindicato CCOO se han manifestado públicamente a favor de retrasar la entrada en vigor si ello servía para que la CEOE diera su ‘sí’. No han establecido un plazo específico y hablan de un «periodo razonable». Por otro lado, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha afirmado de manera más inflexible que «Debe entrar en vigor cuanto antes», tras la reunión del diálogo social. Sin embargo, entre las filas sindicales crece el temor de que esta flexibilidad para atraer a la patronal pueda dilatar en el tiempo sustancialmente su implementación. Ahora las partes trabajarán en una fecha común, que difícilmente será el 1 de enero del 2025.

La fecha de entrada en vigor de la norma es una de las piezas claves de la negociación. Desde la patronal reclaman otras cosas, como por ejemplo, exoneraciones de cotizaciones sociales para los sectores más afectados. Sin embargo, la cuestión principal es la fecha y es sobre esta sobre la que se está disputando. El próximo lunes 15 de julio está prevista una nueva reunión en la que los agentes sociales esperan un nuevo borrador de propuesta, donde podrán ver si el Ministerio de Trabajo realiza algún movimiento en esta cuestión.

Trabajo ha introducido otro elemento que ahora deberán analizar los agentes sociales. El secretario de Estado de Empleo ha explicado que se plantean endurecer las penas para aquellas infracciones vinculadas con el tiempo de trabajo que pueden dañar la salud de los trabajadores. Por ejemplo, imponer sanciones más duras si una empresa de transporte obliga a trabajar más horas de las prudentes a un transportista y ello amenaza con derivar en un accidente.

La propuesta de Trabajo es pasar de grave a muy grave las sanciones, lo que implicaría aumentar el importe de las multas. Actualmente una infracción grave se sanciona con entre 751 y 7.500 euros, mientras que las muy graves oscilan entre 7.501 euros y 225.018 euros.