La CEOE ha criticado con dureza el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que el Gobierno pretende aprobar en el Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre. La patronal considera que el Ejecutivo actúa sin la necesaria «lealtad institucional» al impulsar la medida sin consenso en el diálogo social y durante la precampaña electoral.

La patronal pide aplazar la decisión hasta después de las elecciones

En un comunicado enviado a los medios, la organización empresarial sostiene que existe una alternativa a la prevista en la memoria económica del proyecto de Real Decreto: esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con más información técnica. Por ello, reclama al Ejecutivo que surja de las urnas que revierta la medida y negocie la actualización del SMI a partir de diciembre.

El Ministerio de Trabajo sacó el miércoles a audiencia pública el Real Decreto que contempla una subida de 65 euros mensuales. De aprobarse, el salario mínimo se elevaría hasta 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros anuales. El alza planteada supone un 5,3%, por encima del incremento del 4,9% recomendado por el grupo de expertos de Yolanda Díaz, que proponía situarlo en 1.281 euros en 14 pagas, en línea con la inflación.

Críticas a la tramitación y al diálogo social

Para CEOE y Cepyme, el Gobierno está realizando una «utilización política» de su capacidad para elevar el salario mínimo sin requerir el respaldo de la Diputación Permanente, a las puertas de las elecciones generales.

Las organizaciones empresariales cuestionan además la rapidez del proceso. Según exponen, la vicepresidenta segunda dio tres semanas al grupo de expertos para emitir su recomendación, cuando en los últimos años la elaboración de estos informes ha requerido meses.

La CEOE también reprocha al Ministerio de Trabajo haber celebrado solo una reunión con patronal y sindicatos antes de avanzar con el incremento, lo que interpreta como un intento de desarrollar un «supuesto proceso de diálogo». Habitualmente, las conversaciones con los agentes sociales se prolongan hasta bien entrado el año siguiente, una circunstancia que ha llevado en los últimos ejercicios a aprobar las revalorizaciones con efectos retroactivos.

Respeto a los plazos legales

Ante la cercanía de los comicios, la patronal defiende que la subida debe quedar en manos del Gobierno que resulte elegido, «sea del color político que sea», y aprobarse antes de que concluya 2026 respetando los plazos legales. A su juicio, esta opción permitiría disponer de indicadores económicos más precisos en un contexto de incertidumbre, marcado por una inflación que ha alcanzado el 4,9%.

Impacto sobre empleo, empresas y familias

La CEOE advierte de que cualquier incremento del suelo salarial debe ser compatible con la creación y el mantenimiento del empleo, la competitividad, la productividad y el funcionamiento de la negociación colectiva. La organización reafirma su compromiso con las mejoras salariales, aunque reclama que se apliquen criterios económicos objetivos, atendiendo a su efecto sobre el empleo, las empresas y las familias, y a través de un diálogo social leal.

Asimismo, subraya que estas decisiones inciden especialmente en las pequeñas empresas, los sectores intensivos en mano de obra y las familias que necesitan contratar servicios de cuidados para poder desarrollar su actividad profesional. También critica que el Ejecutivo lleve una década sin permitir a las empresas adjudicatarias de licitaciones repercutir en los contratos públicos el aumento de los costes laborales.