El Instituto de Estudios Económicos (IEE), un centro de estudios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha liberado un informe titulado ‘La colaboración público-privada y el reto de la vivienda’. En este informe, el IEE ha expresado su preocupación sobre la excesiva regulación en el mercado de alquiler en España. Según el IEE, las medidas implementadas en los últimos años para regular el mercado de la vivienda han sido un obstáculo para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para las familias más vulnerables.
El presidente del IEE y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, criticó específicamente dos medidas; los controles de precios y las moratorias de los desahucios. Ambas medidas fueron incluidas en la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo. Fernández de Mesa argumentó que estas medidas han resultado en la disminución de viviendas disponibles en el mercado de alquiler, lo que afecta directamente a las capas socioeconómicas más vulnerables. A pesar de que la Ley de Vivienda está bien intencionada, su impacto ha sido negativo para las clases bajas que buscan alquilar una vivienda.
El informe del IEE también apunta a los «tremendamente ambiciosos» objetivos del gobierno español. El gobierno tiene planes de construir 184.000 viviendas para alquiler a precios asequibles durante la presente legislatura. Sin embargo, el IEE calificó este objetivo como extremadamente ambicioso, dada la tasa actual de construcción de viviendas en régimen libre, que es de alrededor de 100.000 viviendas por año.
Fernández de Mesa propuso que, en lugar de centrarse en la construcción de nuevas viviendas, las administraciones públicas deberían implementar medidas de colaboración público-privada para desarrollar la política de vivienda. Tal medida podría incluir la promoción de vivienda en alquiler asequible y su posterior explotación por parte de empresas privadas sobre suelos públicos, algo que ya está siendo llevado a cabo por varias comunidades y ayuntamientos, así como por Sareb.
Además, el informe sugiere la utilización de la vivienda residencial ya construida, en lugar de poner el foco en la construcción de nuevas propiedades. Según el IEE, los grandes fondos han contribuido significativamente a la profesionalización del mercado de alquiler y se debería contar con ellos en lugar de penalizarlos.
Fernández de Mesa también propuso la idea de un aval público, proporcionado por el Tesoro o el ICO, que garantice el cobro de rentas a cambio de que el precio del arrendamiento sea asequible. Esta medida podría incentivar a los propietarios a alquilar sus propiedades a un precio más bajo, ya que tendrían la seguridad de que recibirán su renta. En última instancia, esta reducción del riesgo para los propietarios podría dar lugar a un aumento en el número de viviendas disponibles en el mercado de alquiler y, por ende, a una disminución en el precio del alquiler.