El pulso por los pisos turísticos se recrudece en la capital gallega

En la ciudad de Santiago de Compostela, el conflicto entre el Ayuntamiento y los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) se ha intensificado. El Bloque Nacionalista Galego (BNG), actualmente en el poder, lidera esta lucha que comenzó hace años bajo el mandato de Martiño Noriega y fue implementada por Xosé Sánchez Bugallo. El BNG esperaba resolver la situación con la votación de nuevas ordenanzas, pero los socialistas amenazan con desestabilizar la propuesta y la alcaldesa Goretti Sanmartín pide «responsabilidad».

El Partido Socialista de Santiago de Compostela anunció que se abstendría de apoyar un documento que prohíbe las VUT, argumentando que no se ofrecen soluciones a los casi 900 propietarios que han estado operando durante años con permiso de la Xunta. El BNG, en respuesta, solicita un cambio de postura de último minuto por parte de los socialistas.

La alcaldesa pide responsabilidad y no dar marcha atrás

En declaraciones recientes, la alcaldesa Goretti Sanmartín instó a la «responsabilidad» para «no dar marcha atrás» en la ordenanza de las VUT que se votará en el pleno municipal. Este proceso, argumentó, ya fue iniciado en mandatos anteriores con el objetivo de proteger el uso residencial. «Todo lo demás sería una irresponsabilidad», afirmó tras el anuncio de la dirección del PSOE local de mantenerse al margen.

La decisión de la directiva socialista no fue bien recibida por el grupo de Compostela Aberta, que, alineado con las acciones promovidas por el ejecutivo de Bugallo el año pasado, ve la prohibición de las VUT como la única solución. María Rozas, la teniente de alcaldesa de Santiago, expresó su «sorpresa» y su desacuerdo con la postura del PSOE local.

Abordando la división que el tema genera dentro del propio partido socialista, Rozas criticó uno de los argumentos principales para la abstención: el abandono en el que quedan los propietarios que comenzaron su actividad con licencia de la Xunta, la única requerida por la normativa. «Nosotros somos coherentes. Nunca hicimos promesas que no podíamos cumplir. Dijimos muy claro en la campaña electoral que había que regularizar la situación y que era necesario una normativa que impidiera la creación descontrolada de VUT», enfatizó Rozas.

Los propietarios en medio del conflicto

En medio de este conflicto político se encuentran los propietarios, con sus viviendas paralizadas durante meses y el temor de que un agente de la autoridad se presente en su puerta, como ya sucedió durante el mandato de Bugallo. La mayoría de ellos sostiene que la prohibición no logrará convertir sus propiedades en viviendas de alquiler, y solicitan que el BNG cumpla su palabra.

Criticaron que la actual alcaldesa les había expresado en diversas ocasiones «su intención de regularizar las VUT que operaban antes del cambio de la normativa», y enfatizan que ellos no son el problema en una ciudad que tiene más de 6.000 pisos vacíos. Recuerdan, además, que el BNG se abstuvo en la votación de la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con la que Bugallo cortó la expansión de las viviendas turísticas en Santiago.

Frente al nuevo escenario propuesto por la abstención de los socialistas, asociaciones como Aviturga consideran que «estamos empezando a ir por el buen camino», y demandan «coherencia» en la regulación de un modelo que, aseguran, es compatible con otros formatos de negocio. A su favor, argumentan que Santiago se quedará, si se implementa la medida que el BNG defiende, sin más de 4.200 plazas de alojamiento.

La capital gallega está a punto de establecer este mes de junio un nuevo récord de visitantes, con más de 200.000 compostelas entregadas. Los propietarios afectados se preguntan cómo absorberá la ciudad este aumento de visitantes, y exigen que la nueva normativa no tenga carácter retroactivo y que se permita continuar operando con normalidad a aquellos que abrieron su negocio con licencia autonómica.