Esquerra Republicana, el partido de izquierdas catalán, se ha dirigido al Estado español para pedir la aplicación de la amnistía a todos los miembros de su formación que han sido acusados o condenados. Esta solicitud se ha producido tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y se ha formalizado a través de distintos escritos presentados por destacadas figuras del partido, como el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, la secretaria general Marta Rovira, y el diputado Ruben Wagensberg.
En el caso de Junqueras, el escrito pide la finalización de la pena que está cumpliendo actualmente, así como la extinción de la responsabilidad penal en relación con la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019. Además, el escrito también solicita la rehabilitación total de Junqueras, lo cual implicaría la cancelación de sus antecedentes penales.
Aplicación de la Ley de Amnistía
En cuanto a Marta Rovira, procesada por rebelión en marzo de 2018, su defensa alega que su conducta estaba orientada a «procurar la celebración del referéndum del 1-O». Por lo tanto, argumentan que la ley de amnistía la protege y, en consecuencia, solicitan la extinción de la responsabilidad penal y que se anule la orden de detención vigente.
Para Raül Romeva, también condenado por el Supremo en octubre de 2019, su defensa solicita que se aplique la amnistía en los mismos términos que en el caso de Junqueras: la finalización del cumplimiento de las penas en curso, así como la extinción de la responsabilidad penal respecto de todas las penas, incluso las que hubieran sido objeto de indulto posteriormente. En la misma línea se encuentra la petición de la abogada de Carme Forcadell, Olga Arderiu. En su escrito, Arderiu argumenta que, de acuerdo con la ley de amnistía, se debería proceder a «la extinción de cualquier pena privativa de libertad, derechos o multa que hubiera sido impuesta», además de eliminar los antecedentes penales y reintegrar la plenitud de los derechos a Forcadell.
Asimismo, se recuerda que la concesión de un indulto parcial no elimina la necesidad de revisar la sentencia condenatoria, por lo que se solicita la aplicación urgente de las previsiones del olvido penal y la extinción de la responsabilidad penal de Forcadell.
Finalmente, en el caso del diputado Ruben Wagensberg, quien está siendo investigado por el Supremo en el caso Tsunami, su defensa solicita el sobreseimiento libre. Todos estos esfuerzos por parte de Esquerra Republicana destacan su compromiso con la defensa de los ideales democráticos y el respeto a los derechos humanos, en particular, el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo.
El camino hacia la resolución pacífica del conflicto catalán es complejo y lleno de desafíos, pero la solicitud de amnistía por parte de Esquerra Republicana es un paso importante en esta dirección. Sin embargo, para que este esfuerzo tenga éxito, es fundamental que todas las partes involucradas estén dispuestas a dialogar y a buscar soluciones constructivas basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos de todos.
En este sentido, la ley de amnistía, si se aplica de manera justa y adecuada, puede ser una herramienta valiosa para avanzar hacia la reconciliación y la justicia social en Cataluña. Sin embargo, su aplicación debe ser cuidadosa y respetar los principios del estado de derecho y los estándares internacionales de derechos humanos. En última instancia, la decisión de aplicar o no la ley de amnistía a los condenados de Esquerra Republicana recaerá en el Estado español, y será un testamento a su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la justicia transicional.