Oleguer Serra, de Òmnium, pide el sobreseimiento libre del procedimiento en caso Tsunami

El miembro de Òmnium, Oleguer Serra, quien está siendo investigado por terrorismo en el caso conocido como Tsunami, ha decidido tomar una acción legal para proteger su derecho fundamental de reunión y de desobediencia pacífica. Según un documento remitido a la Audiencia Nacional y que ha sido consultado por ABC, Serra ha solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento, que actualmente se encuentra en fase de instrucción. Esta acción se produce después de la entrada en vigor de la ley del olvido penal, que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La defensa de Serra, encabezada por el abogado Benet Salellas, argumenta que la causa en cuestión investiga la actividad llevada a cabo por la iniciativa de movilización ciudadana conocida como Tsunami Democràtic. Esta iniciativa surgió en el otoño de 2019 como respuesta a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los organizadores del referéndum del 1 de octubre, comúnmente conocido como 1-O.

Derecho fundamental a la reunión pacífica

Salellas sostiene que los actos atribuidos a Serra están enmarcados en el derecho fundamental a reunión pacífica y, por consiguiente, no tienen ninguna naturaleza penal. Este argumento ya fue presentado en escritos anteriores. Según el abogado, las protestas fueron consideradas de esta manera por los cuerpos policiales, quienes no redactaron ni un solo atestado en relación con determinados hechos.

La defensa de Serra también recuerda cómo se desestimaron otras acciones similares, como los cortes de la AP-7, por parte de los Juzgados de Instrucción 3 de Gerona y 4 de Figueres. Ambos casos fueron confirmados por la Audiencia Provincial de Gerona.

La defensa argumenta que Tsunami fue una iniciativa ciudadana construida desde la lógica de la desobediencia civil no violenta. Según ellos, todos los actos convocados y organizados por esta plataforma movilizadora siempre tuvieron la intención de desarrollar actos de protesta de forma pacífica.

Serra y su defensa invocan algunas ideas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre las cuales se incluye que, cuando se alegan intenciones violentas en los organizadores de una protesta, la carga de la prueba corresponde a las autoridades. También citan que el derecho a la reunión pacífica incluye acciones como obstaculizar y cortar el tráfico, incluso en el acceso a un aeropuerto.

Este caso continúa en desarrollo y está generando un gran interés tanto en los medios como en la opinión pública. La defensa de Serra espera que su argumento sobre la naturaleza pacífica de las protestas y la desobediencia civil sea tomado en cuenta por la Audiencia Nacional.