Investigación sobre el funcionamiento del organismo
La Justicia y el Ayuntamiento de Padua, ciudad del noreste de Italia con unos 200.000 habitantes, investigan una corte de arbitraje abierta hace siete meses que se presenta como una plataforma para resolver disputas civiles y comerciales de acuerdo con los principios de la sharía, la ley islámica.
En su página web, la entidad asegura que ofrece expertos en «la doctrina de la sharía» para garantizar procedimientos «culturalmente sensibles» y sostiene que sus resoluciones tendrían supuestamente «los mismos efectos» que las de las autoridades judiciales italianas.
La existencia de esta institución y el riesgo de que pueda actuar como un supuesto tribunal islámico paralelo a la magistratura italiana han sido denunciados por formaciones de derechas. La Unión de las Comunidades Islámicas de Italia, principal agrupación musulmana del país, también ha señalado que este tipo de iniciativas «no pueden ser aceptadas».
Críticas políticas y primeras indagaciones
Futuro Nacional (FN), el partido de extrema derecha fundado por el general retirado Roberto Vannacci, fue la primera formación en denunciar la existencia de la corte. Francesco Minutillo, miembro del partido, afirmó que la sharía aparece como fuente principal de las decisiones y que el derecho italiano queda como una vía residual, por lo que solicitó a la Fiscalía que comprobara el funcionamiento del organismo.
El viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, respaldó la denuncia y aseguró que en Italia no pueden existir «tribunales islámicos» ni legislaciones paralelas. Indicó que había comunicado el caso a los ministros del Interior y de Justicia y pidió rechazar «el islam político» en el país.
La postura del Ayuntamiento y del impulsor
La Policía municipal de Padua ha realizado ya las primeras comprobaciones y, por ahora, no considera que sea posible clausurar la institución. Diego Bonavina, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Padua, manifestó que podría tratarse de una realidad con «regularidad institucional».
El abogado Omar Vanin, promotor de la corte de arbitraje, niega que se trate de un tribunal o de una forma de «Justicia alternativa». Según explicó en una nota, la entidad desarrolla actividades de arbitraje, un mecanismo previsto y ampliamente utilizado por el ordenamiento jurídico para resolver controversias de carácter comercial y patrimonial.
Ámbito de actuación y reacciones
Vanin subrayó que las cuestiones de Derecho familiar quedan excluidas de la actividad de las cortes de arbitraje, tal como dispone la legislación italiana. Los servicios, añadió, están dirigidos a personas que desean seguir determinados principios del islam en asuntos comerciales, entre ellos la prohibición de los intereses, la equidad en las transacciones y la búsqueda de acuerdos consensuados en los conflictos.
El responsable del organismo aseguró asimismo que la corte actúa «siempre» con pleno respeto a la legislación italiana.
Pese a esa defensa, la Unión de las Comunidades Islámicas de Italia cuestionó la iniciativa al considerar que ha sido promovida por «sujetos desconocidos» y que estos no cuentan con «ningún mandato». La Liga de Salvini ha reclamado al Colegio de Abogados la expulsión de Vanin, quien anteriormente trabajó como profesor en la Universidad de Padua.
La portavoz en la Cámara de los Diputados de la coalición izquierdista Avs, Luana Zanella, también pidió mayores controles sobre la actividad de las cortes de arbitraje. «Hacen falta vínculos restrictivos en la resolución de conflictos, sobre todo respeto a las mujeres», declaró.
Referencias a centros similares en Europa
La web de la institución de Padua señala que en Europa funcionan desde hace años centros específicamente dedicados a la mediación y a la resolución de controversias en comunidades islámicas. Entre ellos cita al Islamic Sharia Council y al Islamic Council of Europe, ambos con sede en el Reino Unido.