El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una investigación para determinar si las principales cadenas de supermercados y mercados de España han estado pasando correctamente a los consumidores la reducción del IVA en ciertos alimentos, como el aceite de oliva y las frutas y verduras. Esta medida fue parte de la iniciativa del escudo social del Gobierno para contrarrestar el aumento de los precios provocado por la invasión rusa en Ucrania.
El inicio de esta investigación se debe a las denuncias recibidas por la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, que forma parte de la Dirección General de Consumo. Las asociaciones de consumidores y usuarios, como Facua, habían proporcionado información sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año, especialmente en alimentos como las frutas, verduras y el aceite de oliva.
Al final de diciembre, Facua-Consumidores en Acción publicó un seguimiento de los precios de casi mil alimentos que fueron afectados por la reducción del IVA en ocho cadenas de distribución importantes: Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona. Según su análisis, más de la mitad de los precios (el 53%) habían aumentado desde principios de año, incluso después de aplicar la reducción del impuesto. En un comunicado, explicaron que estos precios habían subido progresivamente desde enero de 2013.
Además, a principios de este año, la organización afirmó haber detectado un aumento de hasta el 875% en el precio de ciertos alimentos básicos en los supermercados en comparación con su precio en origen. Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua, aseguró que desde el inicio de la legislatura han estado enviando uno o varios análisis de precios/denuncias cada mes a Consumo, al igual que lo hacían con el Ministerio de Consumo en la legislatura anterior.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explicó que esta investigación forma parte de su estrategia de transparencia y claridad en la determinación de los precios de los alimentos. El objetivo es «proteger a las personas consumidoras y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno de coalición».
La aplicación temporal de un tipo impositivo reducido del IVA en ciertas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de alimentos se ha prorrogado hasta junio de 2024. Esta medida prohíbe expresamente que esta reducción pueda usarse total o parcialmente para aumentar el margen de beneficio empresarial. Su finalidad es precisamente reducir el precio de los alimentos para los consumidores finales.
En la primera fase de la investigación, la Subdirección ha solicitado a las cadenas de supermercados e hipermercados que proporcionen información sobre los precios a los que han vendido los productos afectados por esta reducción temporal del IVA en los últimos meses. También piden detalles sobre la evolución del margen comercial o la estructura de costes en relación con estos productos.
Si se demuestra que estas prácticas han tenido lugar, podrían considerarse como violaciones de las normas que regulan precios y márgenes. Esto constituiría una infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, lo cual podría resultar en sanciones de hasta 100.000 euros, o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, en los casos más graves.