Un «frente común» ha sido anunciado por varias asociaciones, entre las que se incluyen Lulacris, ANIR, Justice Initiative y AVA, agrupaciones que representan a las víctimas de abusos a menores. Este anuncio tuvo lugar el pasado viernes con dos objetivos claros. En primer lugar, estas organizaciones buscan «aplaudir» las medidas tomadas por el Gobierno en su esfuerzo por «reconocer, prevenir y reparar e indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia». Este esfuerzo del Gobierno ha sido calificado como «un gran paso» por estas organizaciones.
El segundo objetivo es ampliar el alcance de estas medidas a todas las víctimas de abusos, independientemente del contexto en el que se produjeron. Las organizaciones insisten en que «todos son niños o niñas que han sufrido las mismas secuelas y los mismos traumas». Por lo tanto, argumentan que los apoyos para superar estas traumáticas experiencias, incluyendo tanto el recibimiento como el estatuto de la víctima, «deben ser igualitarios para todas las víctimas, sean del ámbito que sean».
Este sentimiento de inclusividad parece ser compartido por la Conferencia Episcopal, que expresó una postura similar cuando se propuso la creación de un fondo estatal de compensación por parte del Defensor del Pueblo. Los obispos, tras deliberar en una asamblea plenaria, afirmaron que sólo colaborarían con la iniciativa si estaba destinada a reparar a todas las víctimas y no sólo a las de la Iglesia.
Las asociaciones declaran su compromiso «con las víctimas de todos los ámbitos», sosteniendo que es indiferente el contexto en el que se produzca el abuso a un niño. Estas organizaciones se muestran seguras de que «lo aplicado en el ámbito eclesiástico puede ser trasladado al resto de ámbitos», en particular al intrafamiliar, al deportivo y al de los boy scouts.
Las secuelas de las víctimas y supervivientes de maltrato y violencia sexual en la infancia y la adolescencia son de tal gravedad que no atenderlas adecuadamente supone un añadido al proceso de revictimización en el que, por desgracia, viven de un modo continuado. Las asociaciones subrayan que es un deber inmediato de todos poner fin a esta situación.
En cuanto a la posición de la Iglesia católica de colaborar sólo si la medida es para todas las víctimas, las organizaciones le piden que «no utilice este argumento para dilatar el proceso del informe» del Defensor del Pueblo, un informe que ya está muy encaminado. Las asociaciones creen que las medidas que resulten de este proceso servirán para mejorar no sólo la vida de las víctimas de la Iglesia, sino también la de las víctimas de otros ámbitos.
El plan presentado por el Ejecutivo hace dos semanas propone medidas dirigidas a «prevenir, reparar y saldar la deuda con las víctimas», en línea con las recomendaciones realizadas por el informe del Defensor de Pueblo. Este plan, que se implementará hasta 2027, se estructura en cinco ejes de actuación: reconocimiento y reparación, atención a las víctimas, prevención, formación y sensibilización e información e investigación de los casos. En todos los casos, el documento se refiere a las víctimas en general, sin especificar ningún ámbito, excepto en la cuestión de la reparación económica, donde sí menciona explícitamente a la Iglesia católica que debería «hacerse cargo de la totalidad o de una parte sustancial de las compensaciones».
El plan estatal propone además la organización de un acto de Estado de «reparación simbólica» que cuente con la presencia de las víctimas, sus representantes y familiares, tal y como sugiere el informe del Defensor del Pueblo. Este acto de reparación simbólica estaría acompañado de una «reparación material suficiente» en los casos que no hayan tenido «oportunidad de reparación en el ámbito judicial».