La crisis energética causa la desaparición de decenas de pequeñas eléctricas
La reciente crisis energética ha dejado huella en el sector eléctrico, provocando la desaparición de decenas de pequeñas eléctricas. Estas empresas, golpeadas por la subida de los precios de la electricidad en los últimos dos años, han sucumbido a la volatilidad y al caos de los mercados energéticos. En particular, las empresas independientes que comercializan luz han tenido dificultades para sobrevivir, especialmente aquellas sin el músculo financiero suficiente o sin el blindaje de las coberturas de precios que sí poseen las grandes empresas del sector y algunas medianas más preparadas.
En el año más crudo de la crisis energética, 2022, 35 pequeñas eléctricas desaparecieron. En 2023, la cifra alcanzó a otras 24 comercializadoras que se dieron de baja del registro oficial de compañías, según el listado oficial de comercializadoras de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). A pesar de la normalización progresiva de los mercados de la electricidad, la tendencia sigue siendo preocupante, con 16 comercializadoras que han cesado sus operaciones en lo que va de año. Sin embargo, la oferta sigue siendo amplia, con unas 530 comercializadoras de luz operativas en el mercado español.
Las consecuencias para los consumidores
La desaparición de una comercializadora tiene consecuencias significativas para sus clientes. Cuando una eléctrica quiebra, sus usuarios pasan de manera transitoria a tener un contrato de último recurso con una de las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Totalenergies. Estas empresas están legalmente obligadas a ofrecer la tarifa regulada de luz a los clientes afectados para evitar que se queden sin suministro. Sin embargo, este cambio implica un recargo extra en el pago de las facturas, lo que ha resultado en ingresos millonarios para el sistema eléctrico español.
La tarifa regulada de luz, también conocida como precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está reservada para los clientes que tengan contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios, es decir, hogares y algunas pequeñas empresas. Los grandes clientes de las eléctricas que quiebran y que pasan automáticamente a tener contratada PVPC de facto no tienen derecho a acogerse a esa tarifa regulada. Estos suelen ser empresas medianas y grandes o instalaciones públicas con potencias y consumos muy superiores a los de un hogar.
Estos grandes clientes son ‘castigados’ con un recargo en sus facturas mientras están acogidos a la tarifa último recurso y hasta que contratan con otra compañía del mercado libre acorde a su perfil. Durante la crisis energética, estos clientes que se han valido de manera temporal del PVPC sin tener derecho a él, han pagado más de 94 millones de euros en dos años.
En 2022, el sobrecoste pagado por los grandes clientes afectados por la desaparición de su comercializadora superó los 63 millones de euros. En 2023, el importe de compensaciones abonadas rozó los 31,4 millones de euros, según la CNMC. Este organismo justifica el descenso en estos ingresos extra del sistema «en coherencia con la reducción de precios registrados en el mercado en 2023 respecto a los de 2022».
Los clientes sin derecho a la tarifa regulada (con una potencia contratada superior a 10 kilovatios) que acaban acogidos al PVPC al quedarse sin compañía no pagan el mismo precio que el resto de usuarios acogidos a esta tarifa. Según la legislación vigente, se les debe aplicar un recargo del 20% en todos los conceptos regulados de su factura de luz. Los clientes pagan ese sobrecoste del 20% sobre los precios habituales del PVPC a su nueva comercializadora regulada, que a su vez abona ese importe a la compañía distribuidora. Finalmente, la distribuidora liquida esas cantidades como ingresos del sistema eléctrico para financiar los costes regulados que pagan el conjunto de los clientes eléctricos.