En una decisión sorprendente, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha anunciado el archivo de la causa de Tsunami Democràtic en la que se estaba investigando a diez individuos, incluyendo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien se encuentra prófuga de la justicia. La decisión de García-Castellón se produce tras la afirmación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se admitió el recurso de una de las personas investigadas, que argumentó que la instrucción judicial debía ser anulada pues fue prorrogada 24 horas más tarde de lo permitido por la ley, infringiendo su derecho a la tutela judicial efectiva.
Un caso polémico
Este caso ha sido notable pues García-Castellón había propuesto al Tribunal Supremo que se investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, un delito que no está incluido en la ley de Amnistía. Esta propuesta es precisamente la razón por la que García-Castellón ha informado al Alto tribunal de su decisión, permitiendo que decidan si desimputar al líder de Junts.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un auto a media mañana que dejaba sin contenido la parte más importante de la investigación de Tsunami. Los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio admitieron un recurso de apelación de la investigada Marta Molina Álvarez, secretaria de Movimientos Sociales de ERC, e invalidaron todas las diligencias de instrucción acordadas por el Juzgado Central de Instrucción 6 posteriores al 29 de julio de 2021.
La defensa de Molina argumentó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías porque el juez acordó prorrogar otros seis meses la investigación un día más tarde de que se cumpliera el plazo permitido en la ley. Los magistrados, en el auto de este mismo lunes, invalidaban todas las diligencias de investigación acordadas a partir de esa fecha para que García-Castellón dictara un auto de sobreseimiento.
García-Castellón insiste en que ve indicios de terrorismo para mantener la investigación, pero reconoce que, al no haber tomado declaración a los investigados dentro del plazo legal, no puede continuar con ella. Ayer tuvo que interrumpir sus vacaciones, previstas hasta dentro de dos semanas, para dictar este auto de archivo.
El papel del Supremo
La mayoría de las diligencias de la investigación, que comenzó hace cuatro años, se practicaron en los tres últimos, fuera del período acotado ayer por la Sala de lo Penal. García-Castellón argumentó en su resolución que las diligencias practicadas en las últimas semanas habían permitido corroborar algunos de los indicios obtenidos en los cuatro años que duró la investigación.
Los informes aportaron los principales indicios en los que el instructor se basó para ver terrorismo. Según explicó García-Castellón en su exposición ante el Alto Tribunal, se reveló el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes. Atribuyó además a Tsunami la muerte de un hombre de nacionalidad francesa.
Tras la decisión del Supremo de asumir la competencia de la investigación de Tsunami en lo que afecta a Puigdemont y Wagensberg, las decisiones que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el propio juez instructor han tomado este lunes dejan la última palabra sobre la imputación del expresidente catalán en manos del TS.
Declaraciones de imputados
La magistrada Susana Polo es la encargada de la causa de Tsunami en el Supremo y el pasado viernes acordó preguntar a las partes si veían procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la entrada en vigor de la ley de Amnistía. Puigdemont, que sigue fugado de la Justicia española, todavía no ha prestado declaración como investigado por estos hechos.
Desde la defensa aseguraban ayer, antes de conocer el carpetazo del instructor, que «no hay base para mantener la causa contra Puigdemont con lo instruido hasta 2021 así como contra los investigados a los que el juez aún no ha citado a declarar.