**Galicia se prepara para acoger a menores inmigrantes, pide al Gobierno central «sentidiño» y condiciones adecuadas**
Galicia abrirá sus puertas a menores inmigrantes, reafirmando su carácter como una comunidad «solidaria», según declaró Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Sin embargo, Rueda ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establezca «unas condiciones adecuadas» para llevar a cabo este proceso, y que actúe con «sentidiño» en la gestión de esta situación.
En la habitual rueda de prensa posterior al Consello de Goberno de la Xunta, Rueda expresó su preocupación por la falta de una política clara por parte del Gobierno central. «Lo que no puede hacer el Gobierno central, en mi opinión, es no tener ninguna política al respecto, ver que se está produciendo una avalancha de inmigrantes y que su única solución sea traspasárselo a las comunidades autónomas«, afirmó Rueda este lunes, respondiendo a preguntas de los medios.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en Tenerife dentro de dos días, buscará acordar la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas. En este contexto, Rueda ha advertido al Ejecutivo de Sánchez que las comunidades autónomas necesitarán «recursos económicos», unas «reglas de actuación» específicas y algún sistema para prevenir o, al menos, regular, «avalanchas en el futuro».
Requisitos para una acogida adecuada
El presidente autonómico subrayó la importancia de que estos menores lleguen en unas «condiciones adecuadas». Rueda criticó la improvisación observada en ocasiones anteriores, donde hubo poca información y la carga de la gestión se dejó en manos de las comunidades autónomas. «No puede repetirse la «improvisación» que se vio en ocasiones anteriores», remarcó.
Para Rueda, la colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno central es esencial, pero criticó que hasta ahora se ha visto más como una transferencia del problema que como una solución integral. «Las comunidades autónomas, lógicamente, tienen que colaborar, pero lo que no puede ser es que se les traspase el problema, y el Gobierno central piense que así ya lo ha solucionado», insistió el presidente gallego.
La situación se presenta como un desafío no solo logístico sino también económico. La demanda de recursos económicos es un punto clave que Rueda ha enfatizado reiteradamente. Las comunidades necesitan un apoyo financiero significativo para poder ofrecer a estos menores la atención que requieren, desde educación hasta salud y bienestar.
En este sentido, la Xunta de Galicia está dispuesta a asumir su parte de responsabilidad, pero bajo la premisa de que se les proporcione lo necesario para hacerlo de manera eficiente y humana. La petición de Rueda no solo pone en evidencia la falta de una política de inmigración coherente por parte del Gobierno central, sino también la necesidad de una estrategia más estructurada y bien financiada.
Además, Rueda ha mencionado la importancia de establecer «reglas de actuación» claras para evitar la repetición de situaciones caóticas y mal gestionadas. Estas reglas no solo deben ser claras sino también flexibles, para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes y a la posible variabilidad en el número de menores inmigrantes.
Otro aspecto crucial que ha señalado el presidente de la Xunta es la necesidad de un sistema preventivo o regulador que permita controlar y gestionar futuras «avalanchas de inmigrantes». Este sistema debería incluir medidas de prevención y control en los puntos de origen y tránsito, así como un mecanismo de distribución equitativa entre las comunidades autónomas.
La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia será un momento clave para definir estas líneas de actuación y para que las comunidades autónomas puedan expresar sus necesidades y preocupaciones. La colaboración entre las distintas administraciones será esencial para abordar este desafío de manera efectiva y humana.
En conclusión, Galicia se muestra dispuesta a colaborar en la acogida de menores inmigrantes, pero exige al Gobierno central una serie de condiciones y recursos que permitan llevar a cabo este proceso de manera adecuada y sostenible. La comunidad gallega, conocida por su solidaridad, está preparada para asumir su parte de responsabilidad, siempre y cuando se le proporcione el apoyo necesario para hacerlo.