El Gobierno francés estudia embargar prestaciones a los responsables identificados

El Gobierno francés quiere que quienes participaron en el saqueo de comercios durante las recientes movilizaciones paguen el material robado mediante descuentos en sus prestaciones sociales. Los ministros de Justicia y Vivienda prevén firmar una circular para retirar a los receptores de ayudas públicas una cantidad equivalente a los ingresos obtenidos por la venta de bienes sustraídos, tanto en la calle como a través de redes sociales.

La medida se anunció después de que el Ejecutivo y las plataformas de comercio electrónico acordaran el lunes suspender anuncios en los que se ofrecían joyas, perfumes, maquillaje o ropa identificados como artículos «robados el 17 de octubre».

Ventas en internet tras los saqueos

La aparición de numerosos productos robados en plataformas de compraventa ha sorprendido a políticos y expertos. Según estas fuentes, hasta ahora era habitual que los objetos sustraídos se vendieran de forma clandestina, por encargo, al menudeo o en mercadillos ilegales. Sin embargo, trasladar estas operaciones al comercio entre particulares en internet supone una novedad por su exposición pública.

Algunos anuncios incluían de forma deliberada la referencia a los asaltos del 17 de octubre, una práctica que las autoridades interpretan no solo como una manera burda de obtener beneficios, sino también como una burla o un intento de amplificar el impacto de las protestas.

Pequeños empresarios consideran que el negocio pudo resultar rentable para algunos ladrones. Entre los comercios afectados figuran joyerías, establecimientos tecnológicos, boutiques de lujo como Louis Vuitton o Hermès, y tiendas de ropa de marcas conocidas. También fueron saqueadas superficies de Monoprix y Carrefour, algunas de las cuales fueron vaciadas de alimentos, aparatos electrónicos y otros artículos.

«Estos comportamientos no quedarán impunes. No lo dejaremos pasar», advirtió Serge Papin, ministro de las Pequeñas y Medianas Empresas y del Comercio. La secretaria de Estado de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, convocó este martes a responsables de las principales redes y plataformas digitales para impedir la venta de productos procedentes de los saqueos. Las webs bloquearon rápidamente los anuncios tras tener conocimiento de ellos.

En la reunión participan los ministerios del Interior y de Justicia. El Ejecutivo pretende que las plataformas colaboren en la identificación de quienes ofertaron la mercancía sustraída. «Los revendedores serán procesados», afirmó Anne Le Hénanff.

Más de 3.000 comercios asaltados

Las autoridades tratan de impedir que los saqueos se repitan en próximas convocatorias de organizaciones y sindicatos sociales y estudiantiles, comenzando por la prevista para el sábado 24 de octubre. El asalto a más de 3.000 comercios durante las protestas del pasado sábado, junto a los vídeos de personas llevándose ropa, bolsos de lujo, teléfonos móviles y material deportivo, ha causado un fuerte impacto en Francia.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, del mismo partido que Emmanuel Macron, propuso crear una comisión parlamentaria de investigación sobre el modo de actuación de los grupos radicales y la estrategia de seguridad ante estas «nuevas formas de altercados». El objetivo es evitar que la violencia eclipse el carácter social de las manifestaciones.

Braun-Pivet recordó que cientos de miles de ciudadanos se manifestaron pacíficamente en toda Francia y sostuvo que deben recibir respuestas. Sindicatos y otras organizaciones comparten el temor de que los disturbios releguen las reivindicaciones relacionadas con la inflación y las mejoras en educación y vivienda.

«Saqueando se ahorra»

En una grabación, un asaltante afirma que «al final, saqueando se ahorra dinero» y justifica el pillaje por el encarecimiento del combustible, que afecta a su madre porque «tiene coche». El Ejecutivo pretende combatir este tipo de mensajes, que considera inflamables, al tiempo que reconoce errores en el dispositivo de seguridad.

El despliegue policial del pasado fin de semana fue inferior al necesario debido a un cálculo erróneo de los servicios de Inteligencia, según algunos medios. El ministro del Interior admitió una notable «falta de control», tras la cual algunas calles de París y otras ciudades quedaron convertidas en «escenarios de guerra».

El ministro de Justicia ha instruido a los fiscales para que los padres respondan por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad durante los disturbios. Además, el Gobierno analiza una ley de responsabilidad civil que permitiría imponer multas colectivas, de manera que no solo fuese castigado el responsable directo de un acto vandálico, sino también quienes lo apoyen o acompañen.

El Ejecutivo considera aplicable este modelo a casos como el incendio del Ayuntamiento de Limoges, donde un militante de extrema izquierda ya ha sido detenido como presunto responsable de la destrucción del edificio histórico.

La circular impulsada por los ministros de Justicia y Vivienda plantea ahora que quienes hayan vendido objetos robados y perciban prestaciones sociales sufran descuentos por los ingresos obtenidos. El titular de Vivienda, Vincent Jeanbrun, confirmó que el Estado podría limitar las ayudas a quienes sean declarados culpables de los saqueos, incluidas las prestaciones por desempleo, las subvenciones familiares o de vivienda y la renta básica solidaria.

Detenciones, juicios rápidos y análisis de vídeos

Desde el sábado han sido encarceladas 123 personas y se han abierto «alrededor de cincuenta investigaciones judiciales». La mayoría de los arrestados pasará entre este martes y el miércoles por juicios rápidos, con los que las autoridades buscan demostrar celeridad ante los disturbios, los robos y los ataques a la Policía.

«Se han dictado muchas sentencias de prisión con órdenes de detención inmediata, lo que significa que la gente va directamente a la cárcel, aunque solo sea por unos meses, incluso por condenas cortas», señaló este martes Gérald Darmanin.

Según su departamento, el perfil de saqueador o agresor es masculino en el 95% de los casos y mayor de edad en el 70%. Entre los detenidos hay «inmigrantes, extranjeros, pero también personas perfectamente integradas, que son francesas». Las pesquisas apuntan a una participación destacada de una «constelación» de grupos de extrema izquierda y otros movimientos antisistema.

También circulan bulos en redes sociales. Uno de ellos, habitual en ámbitos de la ultraderecha francesa, sostiene que el único producto que no fue robado en supermercados fue el jamón, vinculando falsamente el pillaje con la población musulmana. Sin embargo, los asaltos a tiendas de alimentación no distinguieron entre productos derivados del cerdo y otros alimentos, como el queso azul.

La opción del reconocimiento facial

Las fuerzas de seguridad reconocen que será difícil detener a todos los saqueadores, aunque confían en obtener resultados a partir de los vídeos difundidos en internet, las grabaciones de los propios participantes y las cámaras de seguridad de comercios y calles.

Gérald Darmanin sugirió en declaraciones a TF1 el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a saqueadores, agresores de policías y responsables de daños o incendios de vehículos. «Lo que vi fueron personas con el rostro descubierto, dando testimonio de los saqueos o ataques a ayuntamientos y comisarías», explicó.

Esta tecnología está regulada por la legislación francesa y ha generado numerosas controversias. La norma establece que solo puede ser utilizada por un agente autorizado y dentro de una investigación criminal concreta, lo que inicialmente dificultaría su aplicación masiva a los altercados del fin de semana.

Un coste aún por determinar

El coste total de los incidentes todavía se desconoce, aunque las aseguradoras anticipan que será elevado. Francia toma como referencia los disturbios de junio y julio de 2023, tras la muerte de un menor a manos de un policía en Nanterre. Aquella ola de violencia provocó daños por 793 millones de euros: 523 millones correspondieron a comercios y negocios privados, mientras que el resto afectó a material y centros públicos.

Posteriormente, una comisión de investigación del Senado elevó los daños a 1.000 millones de euros al incorporar casos que no fueron declarados o que carecían de seguro.

Yaël Braun-Pivet insistió en que las demandas de los estudiantes de secundaria y de los manifestantes no deben quedar eclipsadas por el mantenimiento del orden. Citó cuestiones como la vivienda escolar, la falta de profesores, el programa Parcoursup, la orientación profesional y el poder adquisitivo como asuntos que deben ser atendidos.