El fiscal de Medio Ambiente Toni Pelegrín ha presentado un informe en el que se destacan indicios de posible implicación del exjefe de servicios de prevención de la Dirección General de Qualitat Ambiental y Canvi Climàtic, Emili Dragone Vives, en un delito contra los recursos naturales. Según el documento, Dragone podría haber actuado como inductor o cooperador necesario al promover licencias ambientales para la empresa que gestiona la cementera de Montcada i Reixac, contraviniendo la normativa vigente sobre actividades contaminantes.
Investigación en Curso
Esta situación ha llevado a la Fiscalía a solicitar al Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, que lleva el caso, la continuación del proceso judicial contra el exfuncionario de la Generalitat de Catalunya. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se insta a que se considere la posibilidad de llevar a juicio a Dragone por su presunta implicación en este asunto.
La cementera de Montcada i Reixac ha estado en el centro de la polémica debido a las irregularidades detectadas en la obtención de las licencias ambientales. Según la investigación, estas licencias habrían sido concedidas de manera fraudulenta, favoreciendo a la empresa en cuestión sin respetar las normativas medioambientales establecidas para evitar la contaminación.
El papel de Emili Dragone Vives en este caso es crítico, ya que, según la Fiscalía, su intervención fue decisiva para la emisión de las licencias. Se sospecha que sus acciones podrían haber facilitado la operación ilegal de la cementera, lo que ha generado un impacto negativo en el entorno y ha levantado alarmas entre las organizaciones medioambientales y la comunidad local.
La investigación pretende esclarecer si Dragone actuó en complicidad con otros funcionarios o si fue un acto aislado. La posibilidad de un juicio abre la puerta a una evaluación exhaustiva de las prácticas administrativas dentro de la Dirección General de Qualitat Ambiental y Canvi Climàtic, con el objetivo de determinar si hubo una red de corrupción involucrada en la concesión de estas licencias.
Por otra parte, el caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos naturales, así como sobre la necesidad de un control más riguroso de las actividades que tienen un impacto directo en el medioambiente. Este tema ha movilizado a diversas organizaciones y activistas que demandan acciones concretas para proteger el entorno y garantizar que las actividades industriales se realicen de manera sostenible.
Para más información sobre temas relacionados con el medioambiente y la legislación aplicable, puede visitar el sitio web de Greenpeace España.
Fuente de información: El Periódico