Incumplimiento generalizado en la implementación de Zonas de Bajas Emisiones en España: Un desafío para la salud y el medio ambiente
El 30 de junio marcó el final del plazo para implementar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una medida destinada a crear áreas libres de tráfico contaminante en las ciudades. Sin embargo, solo 19 ciudades españolas han implementado la medida hasta ahora, mientras que 113 ciudades aún están en tramitación “por desinterés e inacción”, y otras 20 se niegan rotundamente a hacerlo. Así lo señala la entidad Clean Cities en un comunicado reciente.
La falta de cumplimiento de esta ley provoca que más de 100 ciudades españolas se enfrenten a una situación de ilegalidad. Entre las razones que explican este incumplimiento, Clean Cities destaca la falta de interés, desafección y razones político-partidistas. Esta actitud pasiva o beligerante hacia las ZBE ha permitido que el problema de la contaminación del tráfico en las ciudades continúe sin control.
El desafío de la descontaminación del tráfico urbano
Según Clean Cities, «se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y habitables».
La ley que exige la creación de ZBE en 151 ciudades españolas entró en vigor el 1 de enero de 2023. Sin embargo, un Real Decreto aprobado en diciembre de 2022 permitió que las zonas establecidas antes de la entrada en vigor de la ley se revisaran en un plazo máximo de 18 meses. Aprovechando esta disposición, muchas ciudades se aferraron a este aplazamiento.
Las ZBE son una herramienta ampliamente utilizada en toda Europa con el objetivo de mejorar la calidad del aire, proteger la salud de las personas y mitigar el cambio climático, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, a pesar de que el Plan de Recuperación dotó de 1.500 millones de euros para la implantación de ZBE y otras medidas de movilidad sostenible, su aplicación sigue siendo insuficiente. Este retraso podría resultar en multas económicas y daños a la reputación de España en la gestión de los fondos europeos.
Los vehículos no solo emiten CO2 a la atmósfera, sino también óxidos de nitrógeno y micropartículas que deterioran la calidad del aire y dañan la salud. Según un informe de Ecologistas en Acción, casi 33 millones de personas en España estuvieron expuestas a niveles de contaminación en 2023 que exceden los límites aprobados por el Parlamento Europeo para 2030.
Desde ECODES, una organización que forma parte de Clean Cities, instan a los responsables municipales a implementar estas zonas de forma efectiva. Asimismo, animan a apoyar opciones de movilidad más eficientes y con menor impacto sobre las personas, además de cambiar los coches de gasolina y diésel por los eléctricos.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, expresó la semana pasada su preocupación por el incumplimiento «masivo» de la obligación de implantar las zonas de bajas emisiones. Asegura que el Gobierno ha puesto a disposición de las administraciones los recursos necesarios, pero lamenta que «la experiencia nos demuestre que de nada sirve allegar recursos si falta voluntad política para utilizarlos».
Según el ministro, «no se están implantando por la ausencia de un régimen sancionador». En su opinión, hubo «una enorme ingenuidad en el legislador» cuando estableció la obligación de implantar estas zonas de bajas emisiones, pero no se previeron las consecuencias del incumplimiento.
Ahora bien, ¿qué implicaría la implementación total de las ZBE en la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de los ciudadanos? ¿Cómo podría incentivarse a los ayuntamientos a tomar acción en este asunto tan crucial? Estas son cuestiones que requieren profundización y debate.