Feministas denuncian desprotección a la infancia por recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Trans de Madrid
Organizaciones feministas han expresado su preocupación por lo que consideran una desprotección a la infancia por parte del Gobierno español. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niña/os con Disforia Acelerada (Amanda) y Docentes Feministas por la Coeducación, han unido sus voces para criticar la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley Trans de la Comunidad de Madrid.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones han expuesto que dichas reformas a la Ley Trans «no sólo no son inconstitucionales, sino que protegen a los menores al introducir la obligatoriedad del acompañamiento médico y psicológico». Esta crítica viene en respuesta a lo que las organizaciones consideran una desinformación por parte del Gobierno respecto a los verdaderos efectos de las reformas legislativas en la protección de los derechos de la infancia.
Debates sobre la protección de la infancia
Las organizaciones argumentan que la reforma de la Ley Trans madrileña aumenta la protección de los menores al establecer como «requisito necesario recibir apoyo de profesionales de salud mental» antes de iniciar un tratamiento médico que pueda tener consecuencias irreversibles. Esta reforma, añaden, es garantista, al establecer que se debe contar con un informe favorable del profesional de referencia en caso de que el menor presente patologías de salud mental que puedan condicionar su voluntad y consentimiento de tratamiento.
Además, las organizaciones feministas responden a la acusación del Gobierno de que la legislación madrileña abre las puertas a las terapias de conversión. El artículo 11 de la norma «prohíbe expresamente el uso de terapias aversivas y cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona transexual», explican las organizaciones.
En cuanto al uso de los vestuarios en competiciones deportivas, las organizaciones defienden que proteger el deporte de las mujeres y los espacios privados de las niñas y las mujeres no es inconstitucional. «Sí lo es desproteger la categoría sexo, protegida por la Constitución y por todos los tratados y convenios internacionales firmados por España», apuntan.
Las organizaciones también denuncian que el Gobierno quiera revestir de inconstitucionalidad lo que la propia Constitución Española decreta que es la tarea de los poderes públicos en su artículo 39: «los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos».
Normativa regresiva
El Gobierno español, por su parte, decidió este martes en el Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023 en materia de derechos de las personas trans y LGTBI. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que se trata de dos leyes autonómicas, la primera refiriéndose específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda a la protección de las personas LGTBI en su conjunto.
La ministra Redondo calificó la normativa de la Comunidad madrileña como «regresiva» y afirmó que «limita y vulnera» los derechos reconocidos en la legislación estatal. Redondo matizó que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.
El Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. Además, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.