Fedea reclama una modificación del modelo de facturación eléctrica con el objetivo de ajustar mejor el reparto de los costes del sistema y reducir los recargos que soporta la gran industria electrointensiva. La fundación insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Ministerio para la Transición Ecológica a impulsar esta reforma antes de 2027.
El apagón elevó los costes de ajuste del sistema
El apagón del 28 de abril de 2025 supuso un cambio relevante en los costes de operación del sistema eléctrico español. Desde entonces, el refuerzo de las medidas de seguridad ha contribuido al aumento del gasto en servicios de ajuste, que en 2025 rozó los 4.000 millones de euros, un 43% más que el año anterior.
Ante este incremento, Fedea considera necesario revisar unos recargos que, de acuerdo con sus estimaciones, superan en más de un 400% el coste marginal vinculado al consumo de la industria electrointensiva.
Un sistema que no refleja el coste de cada consumo
El centro de estudios sostiene que el esquema vigente no recoge de forma adecuada el coste que genera el consumo de cada usuario. A su juicio, el modelo puede penalizar y desincentivar la demanda en las horas en las que un mayor consumo contribuiría a rebajar los costes operativos.
Según el informe, establecer un precio regulado para la energía consumida junto con una cuota mensual fija permitiría distribuir mejor los costes del sistema eléctrico, que en 2026 se sitúan en torno a los 22 euros por megavatio hora (€/MWh).
Reforma antes de 2027
Fedea subraya la importancia del calendario, ya que numerosos contratos de suministro empresarial se negocian al término de cada año. Si la reforma se aplaza, advierte, algunos consumidores podrían afrontar un doble pago de estos costes: mediante sus contratos y, posteriormente, a través de los recargos del sistema.
Una tarifa regulada con dos partes
La propuesta plantea reemplazar el modelo actual por una tarifa regulada compuesta por dos elementos. El primero sería un precio de la energía consumida, establecido con antelación (ex ante) y calculado cada año a partir de los costes marginales horarios previstos. De este modo, el importe abonado reflejaría con mayor precisión el efecto de la demanda sobre el sistema.
El segundo componente consistiría en una cuota fija mensual, desvinculada tanto de la energía consumida como de la potencia contratada. Su finalidad sería cubrir los costes que no se recaudasen a través de la parte variable de la tarifa.
El informe analiza varias fórmulas para repartir esa cuota fija y contempla una opción que mantendría inalterada la factura neta media de los hogares. Conforme a los cálculos de Fedea, esta alternativa reduciría los recargos aplicados a la industria sin elevar la factura mensual del consumidor doméstico medio. Los usuarios vulnerables conservarían, además, la protección del bono social eléctrico.