Ángel Ron, ex presidente del Banco Popular, se enfrentará a juicio por acusaciones de estafa y falsedad contable

El ex presidente del Banco Popular, Ángel Ron, no ha tenido éxito en evitar el banquillo de los acusados y se enfrentará a juicio en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa a los inversores y por falsedad contable en las cuentas de la entidad durante la ampliación de capital de 2016. Ron no estará solo en el banquillo, ya que también están acusados otros doce directivos del banco y la consultora PwC.

A pesar de los esfuerzos de Ron por plantear un nuevo recurso frente a su imputación, tres magistrados de la Audiencia Nacional han desestimado sus argumentos contra el auto de procesamiento. Los magistrados han determinado, tras analizar la documentación, que existen indicios racionales de criminalidad y que las conductas de Ron podrían ser consideradas supuestamente delictivas.

La responsabilidad del Presidente del Banco Popular

Los tres magistrados han coincidido en sus argumentos con el juez instructor, José Luis Calama, para atribuir, «al menos de manera provisional», responsabilidad penal a Ron. Calama ha destacado la responsabilidad que tiene el presidente del Consejo de Administración en las sociedades cotizadas, especialmente en lo que respecta al correcto funcionamiento del Consejo. Entre estas responsabilidades se encuentra la de proporcionar a sus miembros la información necesaria para la adopción de los acuerdos que deban tomarse.

La conducta de Ron, junto con otras personas que ocupaban altos cargos en la estructura del banco, merecen un reproche penal en lo que respecta a la gestión de la ampliación de capital, especialmente en lo relativo a las cuentas anuales de 2015, los estados financieros intermedios de 2016 y las cuentas anuales de ese mismo año.

Calama ha criticado en su auto que toda esta operativa empresarial se llevara a cabo «sin hacer estudio alguno acerca de dicha ampliación». Califica la reunión de la Comisión de Auditoría del 25 de mayo de 2016 como una reunión ‘ornamental’, argumentando que la ampliación se realizó con precipitación ante las deficiencias observadas por la inspección del Banco Central Europeo en 2015 en relación a los déficits de provisiones.

Por estas razones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente por falta muy grave ante las irregularidades de las cuentas de la entidad, que no reflejaban la imagen fiel y real de la misma. El auto judicial señala que Ron conocía los déficits de provisiones estructurales que el banco arrastraba desde hace años.

La gestión de Ron en relación con la ampliación de capital es deliberadamente opaca, ocultando su verdadera finalidad, según el auto. Además, el auto afirma que el presidente estaba al corriente y tenía pleno conocimiento de las inspecciones del BCE a través de la comisión de auditoría.

Los magistrados recuerdan que sería absurdo que el presidente del banco no hubiera tenido una actuación relevante, importante y decisiva, ya que se trataba de un presidente con funciones ejecutivas, y no meramente representativas, que incidía de manera incuestionable en la marcha del Banco. En aquella época el Banco Popular era «una de las grandes entidades bancarias de nuestro país y con el lógico peso e influencia en la economía nacional».

La situación actual y el próximo juicio del ex presidente del Banco Popular reflejan la importancia de la transparencia y la gestión ética en la dirección de las entidades financieras. La falta de estas cualidades puede llevar a consecuencias graves, tanto para los directivos implicados como para los inversores y el resto de las partes interesadas.