Aproximación a la conclusión de la investigación de la muerte de dos militares en Cerro Muriano
La investigación en curso sobre la muerte de dos militares durante una práctica de cruce de río en la base de Cerro Muriano el 21 de diciembre, se acerca a su fase final. El Juez Togado Central número 2, Álvaro Lafita, ha indicado durante la última semana de declaraciones a testigos y peritos su intención de concluir la fase de instrucción este mes de julio.
El juez togado militar, que tomó el caso el pasado 6 de junio de las manos del Juzgado Territorial número 21 de Sevilla, ha confirmado la implicación como investigados de los cuatro mandos aforados identificados por el juez instructor. Estos son el coronel Méndez, el coronel Navarro, el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco, que se unen a los ya presentes en la causa desde el principio: el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Álvarez.
Posible octavo investigado
Además de estos siete, podría haber un octavo investigado si el juez atiende a la petición del abogado de la familia del cabo cordobés fallecido, Miguel Ángel Jiménez. Este ha solicitado que se cite como investigado al sargento encargado de colocar las cuerdas que debían servir de guía para los militares, argumentando que su actuación podría tener responsabilidad penal.
El juez togado de Madrid ha advertido que «nos encontramos ante unos hechos de extrema gravedad de los que, en el momento procesal oportuno, podrán exigirse diversas responsabilidades». El avance de la investigación en sólo cuatro semanas ha sido determinante en el progreso del caso.
El 25 de junio, 34 testigos -la mayoría de ellos soldados y sargentos con relación directa con los hechos-, cinco médicos, enfermeros, dos miembros de la BRI X y un GEAS de la Guardia Civil declararon a través de videoconferencia desde el tribunal territorial de Sevilla.
En la segunda jornada, el 26 de junio, declararon cuatro sargentos y seis cabos, así como otros cinco soldados, todos en calidad de testigos. El día 27 se espera que declaren tres sargentos, cinco médicos forenses y otros tres militares, entre ellos un médico y un enfermero como testigos peritos.
Responsabilidad penal
Una vez concluida la fase de testificales y diligencias, el juez togado militar deberá emitir un auto de procesamiento sobre los investigados que considere que tienen responsabilidad penal en los hechos. A partir de ahí, las partes personadas presentarán sus escritos de acusación o de defensa, así como el escrito de calificación de los hechos de la propia Fiscalía Militar.
Se recuerda que a los tres primeros imputados en este sumario -el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Álvarez- se les atribuye la presunta comisión de un delito contra la eficacia del servicio. Según el juez togado instructor, podría haber relación entre la posible falta de medidas de seguridad idóneas para desarrollar el ejercicio de paso del cauce de agua y las muertes de estos dos militares durante la maniobra.
En cuanto a los cargos imputados a los mandos de la cúpula aforados: dos coroneles, un teniente-coronel y un comandante, el tipo penal es distinto. Según el auto de inhibición del Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla, que ratifica el Central, «es una manifestación de la infracción del deber de garante por parte de quien tiene una intervención, al momento de supervisar, autorizar y ejecutar lo programado», lo que puede constituir un delito de comisión por omisión del artículo 77, o en su caso, uno «contra los deberes de mando» del artículo 63 del Código Penal Militar.
