El desafío de la ocupación ilegal de viviendas: Cómo hacer frente y las consecuencias legales

En la actualidad, una de las preocupaciones más comunes para los propietarios de viviendas es la ocupación ilegal de sus propiedades, una problemática que ha ido en aumento en los últimos años. Sin ir más lejos, la Policía Nacional ha advertido que, en caso de enfrentarse a esta situación, no se debe proceder al corte de suministros de servicios básicos como el agua, la luz o el gas, ya que estas acciones pueden ser consideradas como un delito.

El temor de muchos propietarios es perder el control de su vivienda y verse envueltos en un largo y complicado proceso legal. Para evitar la ocupación, la Policía Nacional ha aconsejado intercambiar medios de contacto con los vecinos para poder ser alertados si se intenta cometer este delito. Además, recomiendan no publicar imágenes en redes sociales de los planes vacacionales y considerar la instalación de mecanismos de seguridad, como un bombín de puerta «precortado».

El complejo proceso legal de recuperar una vivienda ocupada

Pese a las medidas preventivas, siguen registrándose casos de ocupación en nuestro país. Cuando esto ocurre, se inicia un proceso legal que puede extenderse durante varios meses hasta lograr la expulsión de los ocupantes.

La firma Zarzo Fincas ha explicado que si se logra demostrar que la ocupación de la vivienda ha ocurrido en las últimas 48 horas, la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial. Sin embargo, si este no fuera el caso, se abre la vía judicial donde el propietario puede interponer una demanda por la vía civil por desahucio o penal por un delito de usurpación de bienes inmuebles.

El prolongado tiempo de desalojo de un okupa en Cataluña

Pese a los esfuerzos por agilizar estos procesos, los tiempos de resolución y de expulsión definitiva de los ocupantes pueden ser variables y, en ocasiones, excesivamente largos.

De acuerdo con datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 en Cataluña, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas tuvieron una duración media de 11,8 meses. En comparación, en 2018 la duración media era de 4,9 meses.

El portal inmobiliario Idealista, que también recoge estos datos, añade a estos procedimientos verbales las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles. En este caso, el CGPJ sitúa la duración media de estos procesos en Cataluña en 11,9 meses.

Siguiendo estos cálculos, el plazo total medio para recuperar una vivienda ocupada en Cataluña se elevaría hasta los 23,7 meses.

Estos datos reflejan la necesidad de contar con una estrategia legal sólida y de estar preparado para un proceso que puede ser largo y desgastante. La ocupación ilegal de viviendas es un problema que, lejos de desaparecer, parece haberse arraigado en nuestra sociedad, planteando un desafío legal y social de gran magnitud.